Avanza nueva estafa del Estado, ahora con la jubilación privada

Con mecanismos no convencionales y sin la necesaria discusión previa, en la Cámara de Diputados tuvo media sanción un proyecto que propone darles a los aportantes al sistema de capitalización la posibilidad de volver al sistema de reparto. Además, en el mismo proyecto se asignan a este último sistema todos los aportes de quienes no manifiestan su opción, los que hoy se distribuyen entre las AFJP que cobran menor comisión.Algunos senadores relacionados con el gobierno intentarían darle sanción definitiva a esta ley en los próximos días.

Al mismo tiempo, la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, está impulsando una propuesta para que todos los aportantes pasen al sistema de reparto y para que las AFJP queden para el ahorro voluntario adicional de los futuros jubilados. La primera duda es si un gobierno transitorio, surgido de una componenda política, que ha destruido cuanta institución y regla de juego había en el país, puede introducir cambios de semejante importancia estructural y que afectarán a los futuros jubilados y al país en el largo plazo.

La segunda pregunta a hacerse es cuál es el beneficio de pasar al sistema de reparto a los afiliados de las AFJP. Queda claro que el principal es que los aportes personales al régimen estatal serían considerados de ahora en más nuevos ingresos corrientes del Fisco y, por lo tanto, permitirían aumentar el gasto público.

En realidad, cuando uno aporta al sistema de reparto, lo que está haciendo es comprarle al Estado el derecho a recibir una serie de pagos al momento de jubilarse. Por lo tanto, es una forma de endeudamiento público que equivale a comprar un título que el Estado enfrentará en cuotas cuando el afiliado se jubile.

Está demostrado por la realidad histórica de nuestro país y de otras naciones del mundo que el sistema estatal genera incentivos para que los recursos se despilfarren en el momento en que se recaudan y no lleguen a cumplir completamente su cometido. Ello sucede porque es la gestión de turno la que recibe el beneficio político del gasto y será algún gobierno futuro el que deberá afrontar el problema de pagarles a los aportantes. De esta forma, lo más probable es que los recursos para pagar las jubilaciones no existan y, por lo tanto, que los aportantes se vean estafados.

•Ahorros

Lo que se evidencia en la actualidad es que el Estado no sólo intenta despilfarrar la plata de los aportantes del sistema de reparto, sino que está buscando quitarles parte de los ahorros acumulados a los del sistema de capitalización. A estos aportantes ya les pesificaron los depósitos y los préstamos garantizados en dólares (del canje de Cavallo), que están administrados por las AFJP. En esa ocasión, las administradoras respondieron defendiendo los intereses de sus afiliados e interpusieron un recurso de amparo para preservar la moneda de las imposiciones en el sistema financiero y un recurso administrativo para que el Estado cumpla con el pago en dólares de su deuda, cosa que, de ser denegada, implicará pasar a la instancia judicial.

Esta defensa de los derechos de los aportantes podría sorprender a algunos. Sin embargo, no debería, ya que, a diferencia del sistema de reparto, los intereses de los administradores de fondos de jubilaciones y pensiones están en línea con los de sus afiliados. Necesitan defenderlos por una razón de subsistencia. Esa es justamente la gran virtud de este sistema que permite garantizar que las AFJP busquen darles la mejor jubilación posible.

Por ello, resulta lamentable que, como propone el proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, se intente incentivar el traspaso al sistema de reparto y asignarle a éste los indecisos. Esto implicará someter a esta gente a una nueva estafa, ya que dichos recursos serán despilfarrados políticamente y ellos difícilmente vayan a conseguir una jubilación que sea acorde con lo aportado. Esperemos que los legisladores se den cuenta de la estafa a la que van a someter a muchísimos argentinos si se avanza en la estatización del sistema previsional y frenen estas absurdas propuestas.

Pero lo dicho no implica que no deban hacerse cambios en el sistema de capitalización. El objetivo principal de cualquier sistema previsional debe ser garantizar que el afiliado tenga una jubilación digna y acorde con lo aportado. Por ello, cuando se discutió su armado, critiqué fuertemente la decisión de priorizar como objetivo de este sistema el generar un mercado de capitales y ahorro doméstico. En función de esto último, se obligó a las AFJP a invertir casi todos sus recursos en el mercado doméstico, aumentando fuertemente el riesgo asumido por el aportante ante un quiebre del país, como el que lamentablemente aconteció, y a prestarles grandes sumas a los distintos niveles de administración estatal.

Creo que lo sucedido en los últimos meses ha demostrado la inconveniencia de estas restricciones de inversión. Por lo tanto, se debería tender a suprimirlas, permitiéndoles a las administradoras invertir en países que tengan grado de inversión (una calificación de bajo riesgo) y prestarle más al sector privado. De hecho, las administradoras están trabajando para formar fondos que les permitan prefinanciar exportaciones y otras actividades del sector privado como la construcción. Por el momento, cuentan con márgenes estrechos para aplicar así sus recursos. Flexibilizar las condiciones de inversión les podría permitir continuar con esta tendencia en el largo plazo. De incentivarse esta tendencia, podrían ayudar a regenerar el crédito al sector privado.