Donald Trump.
Durante el tiempo que dure el Facilidades Extendidas Reloaded con el Fondo Monetario Internacional, Argentina deberá profundizar sus relaciones con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos dos organismos serán las cajas a las que deberá recurrir el país para avanzar en créditos para profundizar políticas sociales o grandes obras de infraestructuras, además de planes de modernización de la administración del gasto público.
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Martín Guzmán negocia también un capítulo, para los intereses del Palacio de Hacienda, aún más importante. Que estos organismos multilaterales (y quizá otros), giren dólares frescos por fuera de las líneas habituales; para reforzar durante los ejercicios 2022 y 2023 los niveles de reservas, pero con la posibilidad de habilitarlos para cubrir parte del financiamiento de la demanda de divisas para la producción industrial. Esto liberaría pesos para cubrir los déficits fiscales comprometidos de 2,5% de este año y de 1,5% del próximo ejercicio. Si bien no hay montos comprometidos, desde el Ejecutivo se habla de la alternativa que sean no menos de u$s2.000 millones por ejercicio.
A los ojos del cuerpo técnico del FMI, esta operación es posible, junto con la profundización de los otorgamientos de créditos para apoyar y complementar el cumplimiento de lo que se firme en el Facilidades Extendidas. Pero todo dependerá de lo que suceda en el momento de votación del board del organismo, donde los accionistas más importantes son además los financistas del BID y el Banco Mundial. Por lo que se sabe, siempre que Argentina vaya cumpliendo con las pautas y variables comprometidas en el Facilidades Extendidas, desde esos bancos multilaterales hay voluntad de acompañamiento.
El problema para Argentina es político. En los tiempos que le tocó vivir la relación al Gobierno de Alberto Fernández y la coalición oficialista, las conducciones en ambas entidades internacionales hacen ruido. El BM está manejado por David Malpass, un norteamericano que tiene mandato hasta abril de 2024 y llegó al cargo luego de haber sido uno de los organizadores (y sponsor) de la campaña presidencial que llevó a Donald Trump a la presidencial, para ser luego subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos entre 2017 y 2019. Se encargó desde ese cargo de representar a su país en las cumbres del G20 y de sostener las relaciones con los organismos financieros internacionales. Desde esa plataforma fue muy crítico, aportando un contenido ideológico alto. Consideró a los organismos como “intrusivos” y “atrincherados”, embistió contra los créditos bilaterales chinos y opinó que el “multilateralismo” de este tipo de instituciones ha “ido demasiado lejos”.
Más polémica fue la llegada de Mauricio Claver-Carone al BID. Abogado de origen cubano nacido en Miami, fue uno de los principales asesores de la campaña de Trump en su relación con la comunidad latina, a partir de su posición crítica contra Barak Obama y su política de acercamiento con La Habana. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, se convirtió en el principal funcionario del republicano en cuanto a la relación con América Latina desde su cargo de asistente especial del presidente y director principal de la Dirección de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Su impulso como titular del BID fue polémico. Aunque no por escrito, la tradición indicaba que la titularidad del organismo la ocupara un latinoamericano, pese a que EE.UU. sea el principal financista de la entidad. Sin embargo, se impuso la voluntad de Trump y Claver- Carone fue apoyado por Brasil, Bolivia, Uruguay, Colombia, El Salvador, Guyana, Haití y Paraguay, además de, obviamente, los Estados Unidos y Canadá.
Si bien tendió siempre puentes con Buenos Aires, dentro de la coalición oficialista se lo recuerda como el responsable de una confirmación. El ahora titular del BID dijo en julio de 2020, durante un evento diplomático vía Zoom, que “Trump consideraba a Mauricio Macri una pieza clave en el tablero geopolítico de América Latina y utilizó todo su poder institucional para sostener al Gobierno de Cambiemos”. Con el tiempo la frase se convertiría en una de las argumentaciones principales de la acusación judicial presentada por el Gobierno contra funcionarios de Mauricio Macri y de la conducción del FMI, en los tiempos del otorgamiento del Stand By de 2018.
Es con estos dos trumpistas de ley, con los que el Gobierno deberá negociar la complementariedad del acuerdo con el FMI. Difícil.
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