Madrid (Reuters, AFP, ANSA) - Repsol YPF anunció ayer que emprenderá acciones legales si Bolivia continúa «la injustificada y reiterada persecución judicial» contra Andina, su filial en ese país.
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Fiscales bolivianos allanaron el viernes, por segunda vez en lo que va del año, la filial de Repsol YPF en busca de documentación sobre un contrato supuestamente ilegal entre esa firma y la brasileña Petrobras. Ante lo que consideró un « injustificado registro», la empresa anunció en un comunicado de prensa que «ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos si continúa la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia contra la compañía».
El allanamiento, a cargo de tres fiscales acompañados por unos 50 policías fuertemente armados, se realizó en la sede principal de la petrolera Andina en la ciudad oriental de Santa Cruz.
La misma oficina fue registrada en marzo por fiscales que perseguían a ex ejecutivos de la firma acusados de contrabando de crudo. Pero dos meses después el tribunal constitucional anuló las órdenes de detención.
«Estas reiteradas e injustificadas actuaciones obligan a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de Justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados», dijo la empresa.
La semana pasada, el ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz, denunció que por el contrato de cobertura vigente entre Andina y Petrobras desde 2002 Bolivia habría dejado de percibir al menos u$s 161 millones.
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Andina y Petrobras anunciaron por separado que habían acordado dejar sin efecto el contrato de protección mutua contra volatilidad de precios del gas, porque lo consideraban incompatible con la nacionalización petrolera decretada en mayo en Bolivia.
En el comunicado fechado en Madrid, Repsol YPF -que preside Antoni Brufaudenunció que lo sucedido «constituye una medida impropia de un estado de derecho y del respeto al orden jurídico constitucional».
Para argumentar esta afirmación, la compañía enumeró los procedimientos seguidos en el contrato que originó el conflicto:
«La actuación del Ministerio Público es arbitraria y carece de todo fundamento, puesto que el contrato al que hace referencia cumple todos los requisitos de la legislación boliviana.»
«El contrato fue comunicado y puesto en conocimiento, desde su origen en el año 2002, de todas las partes componentes:YPFB, Ministerio de Hidrocarburos, Bolsa Boliviana y Servicio de Impuestos Nacionales.»
«Este contrato en ningún caso ha ocasionado perjuicio económico alguno, ya que en todo momento ha cumplido con el pago de todas las regalías e impuestos establecidos por la ley de acuerdo al contrato firmado entre YPFB y Petrobras.»
Sobre el futuro, la compañía dijo esperar que las últimas declaraciones del presidente Evo Morales que apuestan al diálogo «se traduzcan en hechos concretos que permitan la vuelta a un clima de total normalidad y seguridad jurídica en Bolivia».
No obstante ello, se advirtió la preocupación creciente por la falta de «seguridad jurídica» en el país, por lo que se concluyó que «en estas condiciones (Repsol) estima muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia».
