Martín Guzmán.
Unos u$s4.500 millones separan hoy a la Argentina y a los acreedores de un acuerdo final sobre la reestructuración de la deuda por u$s66.800 millones. El resultado parcial está hoy 45 contra 55 de Valor Presente Neto (VPN), y desde los privados se asegura que en 52 hay final feliz.
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Ayer, Argentina y los tres grupos que representan a los bonistas tenedores de deuda emitida bajo legislación extranjera acordaron un pacto de caballeros: extenderán el plazo de negociación bajo el paraguas de un acuerdo de confidencialidad. En ese plazo, las ofertas que se vayan presentando desde ambos lado no podrán ser públicas y los acreedores no podrán avanzar en presentaciones judiciales. El Ministerio de Economía será ahora quien deba hacer el primer movimiento, presentando una oferta que mejore la que ayer terminaron de blanquear los bonistas, y que implica un VPN promedio de 55.
Las diferencias ahora se achican a unos u$s4.500 millones, de los más de u$s7.000 millones con los que habían comenzado las negociaciones luego de caída la oferta oficial del 5 de mayo. Esto es, menos del 1% del PBI. El número surge de la oferta conjunta que el Exchange Bondholder Group (HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Oaktree Capital Management, L.P., Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group) y el Ad Hoc Bondholder Group (BlackRock, Fidelity, Ashmore, Pimco y VR), blanquearon ayer, y sobre la que estuvieron trabajando durante toda la semana ante cierta indiferencia oficial. El tercer grupo de acreedores está manejado por Gramercy, Greylock y Fintech, tres fondos de inversión cercanos al Gobierno y con los que, se supone, habrá fumata sin mayores dificultades.
Ayer, vencido el plazo del primer acuerdo de confidencialidad, y ante la necesidad de tomar la decisión la posición de los privados fue dejar trascender los términos de la negociación de los últimos días, y a la espera de la contraoferta oficial. Se supone que esta será conocida en las próximas horas, y que debería acercar los números del VPN de Economía de 45 a 50. Si esto sucede, en teoría, quedarían matices para cerrar un acuerdo: cupón PBI, intereses crecientes o planos, pagos parciales hasta 2023, mejoras en los plazos y condiciones judiciales de cobro.
Mientras tanto, Martín Guzmán, algo componedor, declaró que había “un acercamiento importante” con un grupo de bonistas en las renegociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional para restaurar la sostenibilidad de la deuda, aunque aclaró que aún resta un “camino importante por recorrer”. Describió la oferta como un “movimiento corto, insuficiente para las necesidades del país” y que “esperamos seguir trabajando con los acreedores que componen ese grupo”.
Uno de los negociadores que representa a un grupo de fondos de inversión describió el panorama de ayer por la tarde con esta frase: “En 52%/53% cerramos. Con 50% en los bonos M y 55% en los bonos K”. La fuente, uno de los muchos abogados que están en la mesa de interlocutores que periódicamente aparecen desde Wall Street, afirma que “si el Gobierno quiere, en 72 horas cerramos todo”, y que “si quiere, le damos todo el crédito político a Alberto Fernández y declaramos que fuimos derrotados y que él se llevó la mejor parte”. Asegura que se está en condiciones de cerrar un acuerdo final con la mayoría de los acreedores, en un rush final de negociaciones “de 72 horas máximo”.
Según el negociador, la diferencia actual se ubica entre los u$s4.500 y u$s7.000 millones, lo que representa menos de un punto del PBI y que, en caso de no haber final feliz y llegarse a un default, sería “inexplicable”. Considera el abogado que ese dinero que separa aún a las partes podría liquidarse cash, o con un esquema de mejoras de la oferta inicial a liquidar entre 2023 y 2040, “o una propuesta similar”, lo que cerraría la negociación “en horas”.
Las partes ahora tendrán que hacer un esfuerzo extra para renovar expectativas. Los privados consideran la semana que termina como una desilusión. Esperaban el viernes pasado avances más importantes cuando, desde Economía, hubo un compromiso formal de negociar durante todo el fin de semana largo de Argentina, con una promesa mutua de poner toda la voluntad y el tiempo posibles para que entre el martes y el miércoles pasado se hubiera podido presentar en sociedad las bases de un acuerdo final. Especialmente entre los bonistas K. Sin embargo, la oferta original de Economía del 45% no mejoró y, según los privados, no existió la posibilidad de un intercambio serio de propuestas ni de apertura a la discusión de la letra fina para definir un acuerdo final. Insiste el representante de los bonistas en asegurar que los acreedores deben tomar un riesgo importante en la aceptación de la propuesta (mejorada) del Gobierno argentino. Pero también consideran que hay una oportunidad. Sostienen que Guzmán propone un traslado del riesgo fiscal y presupuestario de la Argentina a los inversores, al no explicar “como hará durante tres años el país para crecer lo suficiente como para crear una capacidad de pagos sustentable”.
Opinan que “el instrumento que está ofreciendo es de difícil valuación en el mercado actual”, más teniendo en cuenta que “nadie sabe cómo quedará el mundo luego de la pandemia”. Es allí donde tiene importancia la presencia del FMI como interlocutor y garante. Se afirma que deberá aparecer en el acuerdo el organismo financiero internacional, como auditor definitivo del cumplimiento de las metas macroeconómicas de déficit y crecimiento, para que el plan de largo plazo tenga sustancia.
El representante de los acreedores reconoce que las posibilidades de avanzar en juicios contra el país, en caso de que se consolide un default, es mayor entre los tenedores de deuda K que en los poseedores de bonos emitidos durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se habla de la jurisprudencia que generó el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, y la posición ya histórica de ese tribunal de beneficiar a los tenedores de deuda. Sin embargo, explica que “esta ventaja la tienen los poseedores de bonos Par y Discount emitidos entre 2005 y 2010”, ya que la manera en que se emitió la deuda M cuenta con cláusulas antibuitre que requieren mayorías “que hoy no existen” que estén de acuerdo en avanzar en presentaciones ante la jueza de Nueva York Loretta Preska. En cuanto a la deuda M, sólo una acción conjunta sólida y preparada de los bonistas podrá hacer que la jueza active rápidamente una causa de este sector. Deberán conseguir una masa crítica del 25% del total, algo difícil pero no imposible.
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