Buscan que los enviados del Fondo al país fiscalicen a fondo la aceleración de un ajuste fiscal. Quieren que sus títulos se revaloricen y salgan de los actuales precios de default.
Muchos de los fondos de inversión más importantes del mundo, con intereses directos en la deuda argentina, pasaron a la acción. Sabiendo que en pocos días comenzará la primera misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para fiscalizar las cuentas locales y la marcha general del Facilidades Extendidas, los inversores en deuda criolla reestructurada en agosto de 2022 creen que es el momento de presionar para que los enviados del organismo se conviertan en duros examinadores contra el país. Y que los visitantes ejecuten su capacidad examinadora plena, forzando al Gobierno de Alberto Fernández a extremar la aplicación de las metas fijadas por el acuerdo aprobado por el Board del Fondo el 25 de marzo. Especialmente en lo que tiene que ver con la búsqueda del déficit fiscal máximo de 2,5% del PBI y el aumento de las reservas en no menos de u$s5.000 millones; las dos variables que tienen que ver con la cotización de los bonos argentinos reestructurados en 2020. Aún más que la inflación, tema que, en realidad, sólo influye en la deuda en pesos, pero no en divisas.
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La posición de los bonistas es un clásico. Saben que la única manera de influir sobre los funcionarios locales, no es a través de la acción directa (nunca funcionó con la actual gestión), sino desde el FMI y sus misiones trimestrales. En consecuencia, se preparó una estrategia para que los enviados del organismo que maneja Kristalina Georgieva sepan al menos la posición de los tenedores de la deuda local y la relación directa entre los resultados de las misiones, la cotización de los títulos públicos reestructurados y las posibilidades (hoy algo utópicas) para que el país se convierta en un mercado friendly para el sistema financiero local.
El argumento de los inversores es simple. Si el FMI reconoce que es imprescindible la reconciliación de la Argentina con los centros financieros mundiales para que vuelva a haber algún tipo de interés en la llegada de divisas genuinas a Buenos Aires como inversión financiera, sólo queda el camino de que las cotizaciones actuales de los bonos reestructurados en el 2020 mejoren, y que abandonen el panorama de default permanente con que navegan desde casi el mismo momento del fin del canje. Para que esto ocurra la única manera es que el país muestre al mundo que va cumpliendo las metas fundamentales del Facilidades Extendidas, y que las posibilidades de la Argentina de mostrar resultados fiscales más o menos coherentes y defendibles sea una realidad. Se sabe que esta es una tarea de largo plazo, pero que en algún momento debe comenzar y luego sostenerse. Es allí donde las misiones del FMI cobran fortaleza y centralizan la atención de los mercados internacionales, al menos en el caso de los poseedores de deuda reestructurada local.
Los bonistas creen que el Fondo no fue lo suficientemente duro con el país y que el camino fiscal cerrado para el período 2022-2025 es demasiado flexible y poco exigente. Y que, en definitiva, no tuvo en cuenta la situación financiera de la Argentina para 2024, año en que debería comenzar a regularizarse la deuda renegociada hace un año y medio. Consideran que el FMI cometió un error de raíz al cerrar el acuerdo: el no exigirle al Gobierno de Alberto Fernández que firme un acuerdo que incluya estrictas reformas estructurales, lo que provoca un severo peligro de incumplimiento. En concreto, a los tenedores de la deuda argentina, los que la mantuvieron desde el canje o los nuevos inversores, no les gusta el acuerdo que el país firmó con el Fondo, pero por flojo en materia de exigencias. Lo contrario, curiosamente, a lo que se políticamente se le cuestiona en Argentina a Martín Guzmán.
Antecedente
La posición extrema por parte de los bonistas ya había sido blanqueada en febrero pasado en la presentación en sociedad que realizó el entonces recién llegado director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, y que se había abierto a una videollamada ante un puñado de invitados del mercado financiero internacional identificados por operatorias con Buenos Aires; y las respuestas del brasileño-israelí no los satisfizo.
En aquella videocharla, Goldfajn había hablado de un plan “realista”; de la imposibilidad de obligar a la Argentina a aplicar reformas estructurales de fondo como laborales, previsionales o fiscales; y defendió el gradualismo con el que se cerraron las metas de déficit primario. Esta actitud enervó a los tenedores de la deuda criolla, que esperaban una actitud más firme, dura y directa desde el Fondo; no explicaciones sobre por qué se fue flexible con el gobierno de Fernández.
Periódicamente, al ritmo de la caída de los precios de los títulos públicos pos canje hacia los actuales niveles de default (pese a la cercanía real de un acuerdo con el FMI), fueron presentando comunicados y declaraciones públicas criticando la marcha del manejo de la economía argentina y reclamando al FMI que acelere las presiones por un Facilidades Extendidas.
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