San Pablo (ANSA) - Los nuevos responsables del Partido de los Trabajadores, que asumieron tras las acusaciones de corrupción que derribaron a la anterior conducción, decidieron aprovechar estas denuncias contra el ministro de Hacienda, Antonio Palocci. Así, salieron a presionar por cambios en la política económica del gobierno para asegurar la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre del año próximo.
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«Si Lula da Silva mantuviera este tipo de política económica, va a ser difícil mantener el apoyo del PT a su reelección», dijo Ricardo Berzoini, secretario general del partido y hasta hace poco ministro de Trabajo y de Previsión Social.
Para Berzoini, «el PT no condiciona las decisiones del presidente de la República, pero para unir nuestras fuerzas tenemos que tener movilización partidaria. Si no la tenemos, las chances de reelección van a disminuir mucho».
Así como Berzoini, el nuevo presidente del PT, Tarso Genro, también ex ministro de Lula da Silva, cree que la actual política económica es demasiado ortodoxa y que ya existe espacio para « flexibilizarla».
Genro y Berzoini asumieron un mes atrás con la difícil tarea de reconstruir un partido devastado por las denuncias contra su anterior conducción, acusada de habermontado un gigantesco sistema de sobornos con dinero público y préstamos bancarios, que dejaron una deuda superior a los 20 millones de dólares.
«Nadie quiere izquierdizar la política económica. Pero se necesita tener dinero para la infraestructura y para combatir las trabas que impiden el crecimiento», afirmó Berzoini al diario «Valor Económico».
«La actual política es demasiado exagerada: la ejecución del presupuesto es muy pobre y la política monetaria está llevando al país a pagar tasas de interés innecesarias», agregó.
• Consenso
El secretario general del PT aclaró que hoy existe consenso sobre la necesidad de mantener los fundamentos básicos de la economía, como el superávit primario y una actitud cautelosa ante la inflación. «Pero lo que se ve es una búsqueda implícita de un superávit de 5% del Producto Bruto Interno», superior a 4,25% declarado como meta por el gobierno.
Genro, por su parte, que fue ministro de Educación, sostuvo que el gobierno debería hacer «una transición negociada con los agentes económicos» para reducir el superávit primario a 3,75% del PBI, «la referencia que tenían los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional».
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