Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que otorga beneficios impositivos a las empresas que se asocien con la estatal ENARSA para buscar petróleo. El dictamen permitiría que el oficialismo logre aprobar la llamada ley de promoción y exploración de hidrocarburos en la primera quincena de setiembre en la Cámara baja, luego de que permaneciera sin tratarse durante casi un año. La decisión fue adoptada en una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles, Intereses Marítimos, Pesqueros y Portuarios, Economía y Presupuesto y Hacienda, en la que participó el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.
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Coincidieron en el dictamen los representantes del Frente para la Victoria, el Peronismo Federal, la UCR, aunque estos dos bloques lo hicieron con disidencias parciales, mientras que el ARI y CTA anticiparon que presentarán un dictamen de minoría, y el Justicialismo Nacional definirá en las próximas horas si hace lo mismo.
El proyecto contempla la devolución anticipada del IVA para las inversiones de bienes de capital y habilita a que los gastos realizados en la etapa de exploración y explotación se amorticen en tres cuotas iguales.
La iniciativa impulsada por el gobierno habilitaría además a los titulares de los permisos de las concesiones a no abonar el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, y a eximir del pago del derecho de importación.
Folgar defendió el proyecto y aclaró que esta promoción sólo alcanza a las áreas que no han sido exploradas por ahora o a las que están parcialmente desarrolladas. «Es necesario tener este régimen promocional», destacó el funcionario en respuesta a la opinión del diputado radical, Roberto Iglesias, quien afirmó que con el precio que actualmente tiene el barril del petróleo se justifica la inversión de riesgo. La futura ley exigirá a los que quieran beneficiarse con la política de promoción, que se asociencon ENARSA. Pero el proyecto permite a los interesados aspirar a las ventajas sin el requisito de asociación, «en el caso de una renuncia explícita (de ENARSA) ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal».
Los beneficios regirán a partir de la promulgación de la ley y por cinco años para áreas situadas en la plataforma continental; cuatro años, para cuencas sedimentarias sin producción, y tres años, si tienen producción.
La autoridad de aplicación podrá extender esos períodos por un máximo equivalente a la mitad del plazo establecido para cada categoría, y el cupo fiscal total de los beneficios se fijará anualmente en la respectiva Ley de Presupuesto Nacional.
