El gobierno bonaerense analizará con el Estado nacional la apelación al fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que condenó a la Argentina a pagarle a la empresa Azurix -ex concesionaria del servicio de agua potable y cloacas de 71 ciudades bonaerenses- 165,2 millones de dólares en concepto de indemnización por la rescisión del contrato en 2001, se informó.
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"Nos vamos a reunir con el Procurador de la Nación para presentar una suerte de apelación de acuerdo al Derecho Comercial Internacional, porque no entendemos algunos puntos del fallo como por ejemplo que no está comprobada la vinculación de Azurix con el grupo Enron que ha cometido la mayor estafa en el territorio", aseguró el ministro de Infraestructura bonaerense, Eduardo Sícaro.
Según Sícaro, "de los 438 millones de dólares que reclamaba Azurix ante el Ciadi: un canon de 38 millones de dólares, 130 millones de dólares adicionales por inversiones realizadas y 120 millones de dólares por deudas de usuarios, el Tribunal le dice que su concesión vale sólo 60 millones y además afirma que no puede reclamar un dinero a usuarios cuando el servicio no fue cumplido".
"En el orden del derecho internacional seguiremos reclamando, porque hay varios puntos en el fallo del Tribunal que fueron a nuestro favor, como por ejemplo un pedido de Azurix acerca de un supuesto enriquecimiento ilícito de la Provincia que fue denegado por el tribunal", agregó.
Por su parte, el subsecretario de Servicios Públicos bonaerense, Luis Sanguinetti, explicó que "el pago corresponde al tesoro nacional", "vamos a esperar la decisión que ellos tomen; no corresponde al Estado bonaerense" hacerse cargo de la deuda.
El Ciadi falló el viernes pasado a favor de la empresa Azurix y condenó al país a pagar 165,2 millones de dólares.
Azurix obtuvo en 1999 la concesión para la prestación del servicio de agua potable en 71 distritos de la provincia de Buenos Aires, para lo cual desembolsó cerca de 439 millones de pesos o dólares, pero en 2001 la Provincia le rescindió el contrato por problemas con la calidad del servicio agua y diferencias tarifarias.
La empresa norteamericana recurrió al Ciadi para obtener un resarcimiento al considerar que se había violado el Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado por ambos países en la década del '90.
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