En este sentido, para la agencia, el presupuesto para 2006 que debe presentarse en agosto próximo será una prueba clave para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que los datos económicos de la segunda mitad de este año indicarán si los desarrollos políticos negativos tienen ramificaciones económicas.
La calificadora de riesgo no descartó la posibilidad de un escenario en el que funcionarios clave para la política económica brasileña estuvieran implicados en las denuncias y fueran obligados a renunciar, lo que generaría problemas políticos.
El potencial escándalo aumenta, a su vez, la incertidumbre sobre los resultados de las elecciones presidenciales de octubre de 2006, indicó Fitch.
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