Como ya había adelantado este diario, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, completó la redacción (con la intervención de todo el sindicalismo, pero no de la UIA) del texto del proyecto que Néstor Kirchner enviará al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias y que, de ser sancionado, derogará la vigente Ley 25.250, cuestionada por los presuntos sobornos en el Senado. Claro que, de prosperar este proyecto -que desde ayer está en manos del Presidente-, las consecuencias serán graves: para las empresas, porque implica un fuerte aumento en el costo laboral, que se duplicaría; y para el país, porque todo tiende a que pronto la Argentina perderá competitividad y podría retraerse la creación de empleo que hoy tanto celebran en el gobierno, por mencionar sólo dos de los males por venir. Festejan de antemano los gremios el regreso de la ultraactividad de los convenios colectivos, un símbolo del pasado que sólo los benefició (y seguirá beneficiando) a ellos. Se empeña la gestión Kirchner en volver a herramientas que históricamente nunca ayudaron al progreso de la Argentina.
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