La Oficina Anticorrupción dispuso una prórroga para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período 2025. A través de la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial, el vencimiento fue postergado hasta el 31 de julio de 2026.
24 de abril 2026 - 07:35
La Oficina Anticorrupción prorrogó la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios
La Oficina Anticorrupción extendió el plazo hasta el 31 de julio por la demora en la disponibilidad de datos fiscales necesarios para completar la información.
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La Oficina Anticorrupción prorrogó la presentación de las declaraciones juradas.
La medida alcanza a los funcionarios obligados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece la presentación de declaraciones al inicio de la gestión, su actualización anual y la rendición al egreso. El objetivo es garantizar el cumplimiento adecuado de una obligación clave en materia de transparencia.
Qué establece la medida
Desde la Oficina Anticorrupción explicaron que la prórroga responde a la necesidad de contar previamente con la información fiscal correspondiente al período 2025, en particular las declaraciones de impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.
Estos datos son procesados por la Agencia de Control y Recaudación Aduanero, cuyos plazos de presentación se extienden habitualmente hasta la primera quincena de junio. La interdependencia entre los sistemas impositivo y patrimonial obliga a ajustar los tiempos administrativos.
Las modificaciones de la Oficina Anticorrupción
En ese marco, se consideró necesario modificar la fecha original de vencimiento, fijada para el 30 de mayo, ya que sin la habilitación de los formularios fiscales no es posible completar correctamente las declaraciones patrimoniales.
La resolución también instruye a las áreas de recursos humanos de cada organismo a difundir la medida entre los funcionarios alcanzados, con el fin de asegurar su cumplimiento en tiempo y forma.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral es una herramienta central para el control de la evolución de los bienes de los funcionarios públicos y forma parte del sistema de prevención de conflictos de interés y lucha contra la corrupción.
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