CER: amenazan los bancos con juicios por compensación

Los acreedores privados, quienes depositaron dinero en escribanías por ejemplo, ya plantearon acciones legales contra el Estado para evitar la eliminación del CER. También en esta instancia se encuentran empresas y especialmente PyMEs, las que mantienen el ajuste de sus deudas según el CER o inflación pasada. Incluso éstas fueron más allá e hicieron llegar un proyecto a Economía para que se exceptúe de ese mecanismo de ajuste a las compañías con deudas inferiores a los 100.000 dólares. Ayer hubo una tensa reunión en el Palacio de Hacienda entre banqueros y el equipo económico. Roberto Lavagna sólo estuvo presente alrededor de 10 minutos, los que fueron suficientes para que los representantes de bancos le adviertan sobre la necesidad de una compensación por las modificaciones introducidas en el CER. Todo en realidad es en respuesta a la falta de un plan coherente en materia económica desde la salida de la convertibilidad, con medidas y contramedidas en función de los inconvenientes que causaban.

«Si no aclaran quién va a compensarnos por la eliminación del CER en los créditos vamos a iniciar un juicio contra el Estado». Destemplado, el titular de BankBoston, Manuel Sacerdote, dejó en claro ayer durante una reunión en el Ministerio de Economía el malestar de la banca extranjera por una medida que -entienden- produce un fuerte deterioro de sus activos.

El reclamo no lo escuchó el titular de Hacienda, Roberto Lavagna, quien estuvo sólo diez minutos en el encuentro, sino el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, quien no respondió la advertencia.

De acuerdo a las estimaciones que manejan, la pérdida para los bancos ascendería a una suma cercana a los 5.000 millones de dólares por el no cobro del ajuste por inflación, a través del CER. Un Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicó ayer en el Boletín Oficial establece la exclusión de este ajuste para los créditos otorgados a personas físicas en dólares que hayan sido pesificados. En la reunión, calificada como áspera por los asistentes, estuvieron los principales representantes de las dos cámaras bancarias, ABA y Abappra.

• Quejas

«Al final, no se respetó casi nada de lo que habían convenido para el plan BONEX y ni siquiera nos consultaron», se quejaron casi al unísono los banqueros. La respuesta seca llegó de parte de Nielsen: «Esto se definió así y no hay vuelta atrás», señaló.

Una de los puntos principales que pusieron los banqueros en la mesa fue la garantía que el gobierno exige para los nuevos títulos en dólares que recibirán los ahorristas.

«Se trata de una doble garantía que no estamos dispuestos a asumir», señalaron algunos representantes de la banca extranjera.

Según explicaron, los bancos ya están dando cartera propia para recibir los redescuentos necesarios para comprar bonos. Si además deben respaldar a los nuevos títulos, en caso de que el Estado no los pague las entidades tendrían una doble pérdida.

«Entiendo el reclamo -se apuró a responder Lavagnap ero lamentablemente no creo que exista margen en el Congreso para que el Bonex se apruebe sin garantía bancaria».

En el encuentro participaron por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) su presidente honorario, Julio Gómez, Manuel Sacerdote (BankBoston), Carlos Giovanelli (Citibank), Enrique Cristofani (Río), Emilio Cárdenas (HSBC) y Norberto Peruzotti (director ejecutivo). En tanto, por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra) participaron Carlos Heller (Credicoop), Ezequiel Carballo (Grupo Macro), Miguel Kiguel (Hipotecario), Roberto Feletti (Ciudad), Ricardo Gutiérrez (Bapro) y Luis Bucafusco (director ejecutivo).

También hubo algunos minutos para debatir sobre los planes para la liberación del «corralito». Lavagna confirmó que la intención es levantar totalmente las restricciones en un plazo máximo de 120 días, o sea a partir de setiembre. Se busca en mayo elevar el monto de retiros de cuentas a la vista, desde 1.200 pesos a 2.000 pesos, aumentándolo en 1.000 pesos mensualmente hasta agosto. Los banqueros se mostraron en contra de apoyar la garantía especial que el gobierno solicita para respaldar los títulos del plan BONEX que recibirán los ahorristas. Ninguno planteó objeciones explícitas para la apertura total del «corralito», a través de un cronograma de cuatro meses. Pero sí coincidieron en pedir auxilio financiero por parte del Banco Central, a través de «un esquema transparente de redescuentos».

Justamente, la queja de algunas entidades es que los bancos oficiales son los que reciben mayor asistencia del Central, en detrimento del resto de los bancos del sistema.