CIADI: exótico juicio al duhaldismo en París

Entre el 9 y el 20 de agosto, la crisis argentina de 2001/2002 será analizada y discutida en una escena inusual: en París, se establecerá un tribunal por donde pasarán ex ministros, actuales funcionarios del Fondo Monetario Internacional, analistas económicos y hasta líderes religiosos y sociales. El tribunal es el del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Allí se tramitan las controversias entre empresas que se vieron afectadas por la devaluación y la pesificación dispuesta por la Argentina en 2002 y el Estado. El de París será el primer round: allí se enfrentará CMS Gas Transmission Company con la República Argentina, frente a los árbitros Francisco Orrego Vicuña (chileno), Marc Lalonde (canadiense) y Franciso Rezek (brasileño).

CMS es accionista minoritaria de Transportadora de Gas del Norte y recurrió al CIADI por considerar que con las medidas dispuestas por el gobierno de Eduardo Duhalde se violó un tratado internacional de protección de inversiones y, además, se cometió una expropiación por parte del Estado sobre los ingresos de la compañía. El abogado que dirigirá la acusación contra el Estado es el administrativista Guido Tawil, del estudio Bomchil.

• Defensor

La Argentina será defendida por la Procuración del Tesoro, que comanda el santafesino Horacio Rosatti. Ex intendente de Santa Fe y a la vez experto en derecho público (fue el principal teórico de Carlos Reutemann durante la Constituyente de 1994), Rosatti intentará combinar esas dos personalidades. Por un lado, la del experto que arguya legalmente; por otro, la del político que ponga en escena los rasgos dramáticos de una crisis nacional de dimensiones excepcionales.

El caudal de los conflictos que se abrieron en contra del país en el tribunal del Banco Mundial es inédito y hasta obligará a revisar el funcionamiento de esa institución, poco habituada a que le sometan una colección inagotable de pleitos por una crisis casi equivalente a una quiebra. Basta recordar que, sumadas, las demandas implican un monto de u$s 16.000 millones. Para la Procuración, entonces, también se trata de un desafío inimaginable en tiempos normales: allí hubo que construir casi desde cero un equipo de abogados que permitiera no privatizar la defensa del Estado. Alineado con el clima del gobierno de Néstor Kirchner, Rosatti suele decir a sus amigos: «En los '90 no sólo se privatizaron las empresas; también se privatizó la jurisdicción para ir a juicio; lo último que podría pasarnos ahora es privatizar también la defensa en esos juicios».

El caso de CMS contra la Argentina será un adelanto de lo que se discutirá en muchos otros litigios similares. Los abogados de la Procuración pretenden demostrar dos tesis principales. La primera, que no hubo por parte del Estado discriminación alguna. Es decir, que el trato fue justo y equitativo durante la crisis. Esta posición implicará que Rosatti pueda demostrar que no sólo hubo una crisis del Estado sino una crisis global de la Argentina, en la que todos sus estamentos fueron afectados. Para eso se expondrán estadísticas, índices de todo tipo (desde económicos hasta sanitarios) y testigos de diversa procedencia.

• Estado de necesidad

La otra conclusión a la que los abogados de la Argentina pretenden llevar al tribunal arbitral es la de la existencia de un «estado de necesidad» que obligó a tomar medidas como las impugnadas por la empresa. Ese «estado de necesidad», que en el derecho internacional funciona como un eximente, será fundado en que hubo una crisis en cuatro elementos constitutivos del Estado: la legitimidad, por la crisis de obediencia y los reclamos callejeros; la justificación, por el colapso en las prestaciones; la soberanía, cuestionada en las teorías y recomendaciones sobre la conveniencia de importar un gobierno, como sostuvieron en su momento Rudiger Dornbusch y Jorge Avila; la del sentimiento de pertenencia, como queda demostrado por la oleada migratoria hacia otros países.

Lo más interesante del drama judicial que se montará en París tiene que ver con los instrumentos de prueba. Rosatti mandó elaborar, con personal y recursos de «Canal 7», un documental explicativo de la crisis argentina, que contiene fragmentos de noticieros y testimonios de periodistas extranjeros y nacionales. El abogado se convirtió aquí en guionista.

Además, habrá testigos de la índole más diversa: desde economistas internacionales a funcionarios del Fondo Monetario, diplomáticos, ex ministros, peritos y hasta algún obispo de los que animaron el Diálogo Argentino impulsado por Eduardo Duhalde.

Desde el punto de vista político, los juicios arbitrales frente al tribunal del CIADI entrañan una paradoja: Kirchner y sus hombres deben defender medidas de las que están conceptualmente alejados. En otras palabras, tendrán que hacerse cargo argumentalmente de las resoluciones más reprochables del gobierno de Duhalde, su actual adversario. Tal vez por eso los abogados de la Procuración escuchan a menudo que su jefe Rosatti advierte: «El objetivo principal es salvar la dignidad nacional en estos juicios, es decir, que demostremos la capacidad del Estado para defenderse. El resultado muchas veces nos terminará excediendo».