Cifra de remates sería mucho menor

Los banqueros que ayer asistieron a la reunión en Economía buscaron quitarle dramatismo al tema de las ejecuciones. Y accedieron sin resistencia al pedido del gobierno de prorrogar hasta el 1 de febrero cualquier acción de remate.

«Nosotros tenemos diez por ciento del mercado hipotecario y sólo registramos un centenar de créditos con posibilidad de ser ejecutado», explicó ayer Claudio Miteff, encargado del área crediticia de Banco Río.

Al parecer, el informe del Central que cayó en manos del Congreso se refería al total de créditos con algún problema para la devolución. Pero no aludía en forma específica a aquellos préstamos a punto de ser ejecutados.

«El gobierno nos pidió que voluntariamente accediéramos a prorrogar los remates debido a la exigencia del FMI y para nosotros es un reclamo razonable», explicó el titular de un banco de capital nacional que participó del encuentro.

Asimismo, los banqueros aclararon que todas las garantías hipotecarias o prendarias a punto de rematarse corresponden a créditos impagos como máximo de 1997 o 1998. En cambio, empresas e individuos afectados por la crisis en 2000 y 2001 están -en realidad- en pleno proceso de renegociación con los bancos acreedores.

«El peor negocio para el banco es rematar un inmueble y salir a venderlo. Tiene que pasar mucho tiempo y, probablemente, muchos intentos de renegociación para llegar a instancias judiciales», explican.

Según los encargados de legales de las instituciones, desde que un deudor deja de pagar un crédito hasta el momento en que se está en condiciones de ejecutar la garantía (tras el correspondiente juicio) pueden transcurrir cinco años.

Una historia aparte es la de los deudores extrabancarios. Son aquellos individuos y empresas que tomaron créditos de mutuales, financieras que no operan en la órbita del Banco Central o escribanías. En estos casos, no existe compromiso alguno ni ley que actúe de paraguas, con lo cual sí podrían sufrir remates a partir de hoy.