Comenzó el análisis de los vetos al presupuesto

Una vez terminado ese trámite el gobierno debe emitir el decreto distributivo de las partidas presupuestarias, el acto más importante para asignar a cada área del Estado los fondos aprobados en la Ley de Presupuesto 2003. La urgencia en terminar el proceso surgió ya en los últimos dos días del año pasado ya que el gobierno no quiere esperar demasiado tiempo para contar con la aprobación de gastos. De lo contrario podría haber una suspensión, por ejemplo, en algunas obras que están en marcha en el interior del país.

La lista de artículos pasibles de veto se agrandó ayer, pero espera la definición final de Eduardo Duhalde. Hasta ahora allí se incluyeron:

• El artículo que autoriza al Ejecutivo a emitir bonos por $ 3.400 millones destinados a pagar la restitución al personal del sector público la reducción de 13% en sus salarios.

• El artículo 30 que limita la posibilidad de afectar recur-sos de los fondos fiduciarios al Tesoro Nacional, una posibilidad que el Ejecutivo le pidió al Congreso hasta un monto de $ 100 millones y que éste le prohibió.

• También se analiza un veto sobre el artículo que prorroga por 10 años más, desde su vencimiento, a las pensiones graciables otorgadas por el Congreso, ya sea que hubieran caducado o no.

• Dentro de la lista se encuentra el artículo 43, incorporado a pedido de la frepasista María América González y que eliminó el tope salarial de $ 4.800 para el cálculo de los aportes previsional y patronal.

• El artículo 44, que también podría ser vetado, establece que la mayor recaudación producida por esa medida debe ser aplicada al pago del retroactivo generado por el descuento de 13% sobre sueldos públicos y jubilaciones que rigió hasta el año pasado. Dentro de la lista se encuentra el artículo 59, que facultó al Ejecutivo a establecer una suerte de promoción impositiva general para todo el país, sin límites precisos, mediante «medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos, y mecanismos de financiamiento tales como Fondos Fiduciarios, en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas públicas».

• El gobierno también cuestiona el artículo que obliga a disponer una asignación para el pago del Fondo de Incentivo Docente correspondiente al primer semestre del año 2002.

• El artículo 67, que crea un régimen optativo de cancelación anticipada parcial o total de las obligaciones fiscales diferidas por planes de promoción, también es analizado por Economía como candidato a un veto.

• También son cuestionados, por ahora, los artículos que asignan fondos para el cumplimiento de acuerdos entre la Nación y las provincias de Catamarca, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe; un incremento de $ 5 millones a la Secretaría de Turismo y Deporte con destino al Programa de Fomento al Deporte Social y Recreativo y otros $ 4 millones para el Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio.

• En el medio de la polémica se encuentra también el debate por un aumento de fondos al Ministerio de Justicia, el financiamiento para los gastos operativos de EDUCAR S.E. y para cancelar las obligaciones del Estado con la Municipalidad de Embalse en Córdoba.

• Otra de las discusiones centrales en el decreto de vetos se fijó en el artículo que obliga a transferido a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones las regalías excedentes por la operación de la represa de Salto Grande.