Comenzó en Washington juicio clave

La Argentina comenzó a defenderse ayer ante el CIADI en Washington por una millonaria demanda de Siemens. La compañía alemana reclama, ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, u$s 418 millones por la anulación del contrato para la confección de los nuevos DNI. La marcha atrás en la adjudicación se hizo en la gestión de Fernando de la Rúa. Se esgrimirá ahora en la defensa la falta de condiciones técnicas para llevar adelante el contrato y que la Argentina no estaba en situación de hacer frente al exorbitante costo de la operación.

Fernando de la Rúa

Comenzó ayer en Washington el juicio de Siemens contra la Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el CIADI. La demanda presentada por la compañía alemana llega a los u$s 418 millones.

Ayer realizó su alegato inicial el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, y a partir de hoy se sumarán los testigos seleccionados por ambas partes hasta el próximo lunes, cuando llegue el momento del alegato final. El veredicto inapelable del CIADI recién se espera para el primer trimestre del año próximo.

También declaró un ex director general de Siemens en la Argentina, Rodolfo Schmidt. «No pudo demostrar nada de lo que la compañía sostiene sobre las causas de anulación del contrato», aseguraron del lado argentino.

El caso Siemens es uno de los más controvertidos que debe enfrentar el país. La compañía se siente perjudicada por la anulación del polémico contrato para la confección de DNI, que decidió el gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.

El caso comenzó en agosto de 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se llamó a licitación para confeccionar los nuevos DNI. El 6 de octubre de 1998 se firmó el contrato con IT Siemens por 6 años, en medio de denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación y quejas porque los nuevos documentos costarían 35 pesos.

La carta fuerte de la empresa es un tratado bilateral firmado con la Argentina que compromete «plena protección y seguridad jurídica» para las inversiones realizadas aquí por sociedades de ese país. Además, señala que serán indemnizadas en caso de que esas inversiones fueran nacionalizadas, expropiadas o se adoptara cualquier otra medida que equivalga a esto.

El gobierno argentino sostiene que cualquier reclamo debía haberse hecho en el marco de este convenio y no a través del CIADI.

El contrato original firmado con Siemens establecía una cláusula indemnizatoria de u$s 200 millones si el gobierno decidía dar marcha atrás con la concesión para la provisión de los documentos. Sin embargo, el gobierno de la Alianza consideró que dicha decisión se tomaba con «justa causa», por lo que decidió no pagar la multa.

• Confianza

Guglielmino había sido muy duro con esta demanda hace algunas semanas.

Entre otras cosas, aseguró que la Argentina «no puede y no va a perder el juicio. Estoy confiado porque el caso es casi un absurdo».

Este caso viene con una fuerte polémica por la conformación del CIADI. La Argentina recusó a uno de sus miembros, Rigo Sureda, porque trabajaba en un estudio jurídico que propuso como árbitro a un abogado de Siemens. El pedido, sin embargo, fue denegado.

Guglielmino también planteará que la compañía alemana no estaba en condiciones técnicas para llevar adelante lo que se había comprometido en la licitación. Y que el monto que debía pagar la Argentina a la empresa era exorbitante, sin que existiesen posibilidades presupuestarias para hacer frente a dicho gasto.

El país ya tiene un antecedente en contra. Hace tres meses fue condenado a pagar u$s 133 millones a la estadounidense CMS Energy por la pesificación de las tarifas de gas. El fallo fue interpretado como una derrota a medias: si el gobierno paga puede quedarse con los activos de la compañía, que, entre otros activos, posee participación accionaria en Transportadora de Gas del Norte. Existen más de 30 demandas de compañías extranjeras presentadas ante el tribunal del Banco Mundial. Además, ya se llevaron adelante otros juicios, como el de Azurix ( concesión del servicio de agua en la provincia de Buenos Aires) y el emprendido por LGyE, del rubro energético. En estos casos todavía no hubo laudo.