La Argentina comenzó a defenderse ayer ante el CIADI en Washington por una millonaria demanda de Siemens. La compañía alemana reclama, ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, u$s 418 millones por la anulación del contrato para la confección de los nuevos DNI. La marcha atrás en la adjudicación se hizo en la gestión de Fernando de la Rúa. Se esgrimirá ahora en la defensa la falta de condiciones técnicas para llevar adelante el contrato y que la Argentina no estaba en situación de hacer frente al exorbitante costo de la operación.
El gobierno argentino sostiene que cualquier reclamo debía haberse hecho en el marco de este convenio y no a través del CIADI.
El contrato original firmado con Siemens establecía una cláusula indemnizatoria de u$s 200 millones si el gobierno decidía dar marcha atrás con la concesión para la provisión de los documentos. Sin embargo, el gobierno de la Alianza consideró que dicha decisión se tomaba con «justa causa», por lo que decidió no pagar la multa.
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