Compensarían a bancos que no ejecuten morosos

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, decidió retomar la iniciativa en la cuestión de las ejecuciones hipotecarias. Tras la nueva suspensión por 90 días que votó el Congreso, ordenó la elaboración de un decreto para que los bancos les den nuevos plazos (de manera voluntaria) a aquellos deudores morosos que están al borde de la ejecución.

La «zanahoria» para tentarlos sería la posibilidad de brindarles compensaciones a los bancos (a través de la entrega de nuevos bonos) por la pérdida que sufran ante el alargamiento del plazo o, incluso, la quita parcial que terminen efectuando del crédito en cuestión.

El tema ya está en plena elaboración, bajo la supervisión de la representante de Economía en el Banco Central, Felisa Miceli, y un grupo de trabajo de la Superintendencia de Entidades Financieras, que maneja Jorge Levy.

• Corte definitivo

«Queremos darle ahora sí un corte definitivo a la cuestión y evitar que los legisladores vuelvan a meterse con un tema que es resistido por el FMI», aclararon altas fuentes del Palacio de Hacienda.

Según el relevamiento de la información remitida por todos los bancos del sistema, no será difícil que la mayor parte de los créditos en litigio sea voluntariamente reprogramada. En total, existen unas 16.000 hipotecas en poder de bancos que podrían sufrir remates. Casi 70% de estas hipotecas en situación cercana a la incobrabilidad está en bancos públicos, considerando el Nación, Provincia, Ciudad y el Hipotecario (el Estado conserva aún 50%).

Por lo tanto, como se descuenta que los bancos públicos acatarán el decreto y también se unirían las principales entidades privadas, la medida tendría una aceptación muy alta. Además, los bancos privados manifestaron en varias oportunidades que el objetivo es terminar arreglando con el cliente en vez de transformarse en una «inmobiliaria», ejecutando la garantía del inmueble.

• Voluntad explícita

El proyecto de decreto que ya se está elaborando en Economía establece que debe quedar explicitada siempre la voluntad del deudor de cumplir con el pago del crédito, aunque sea con un pago muy inferior de la cuota. En este caso, deberá acreditar que dejó de pagar por una causa concreta, por ejemplo, la pérdida del trabajo.

La «vuelta de tuerca» que está intentando Lavagna surge de un compromiso ante el Fondo Monetario Internacional de encontrarle una solución definitiva a la cuestión.

El miniacuerdo que firmó la Argentina con el organismo internacional en enero establecía que no habría nuevas postergaciones a las ejecuciones a través de mecanismos no voluntarios.

Este incumplimiento provocó una postergación del anuncio final del resultado de la segunda revisión efectuada por el organismo, que culminó a principios de la semana pasada.

Ni el actual presidente, Eduardo Duhalde, ni el próximo, Néstor Kirchner, se mostraron de acuerdo con un veto a la normativa del Congreso, pese a la presión del Fondo.

Por otra parte, el intento de establecer mecanismos de mediación tanto para individuos como para PyMEs, en el ámbito del Ministerio del Trabajo y de la Producción, respectivamente, no tuvo el efecto deseado.