Congreso temible: será ley doble indemnización

La embestida desde Diputados contra la creación de puestos de trabajo no tiene límites. Con proyectos de ley que semanalmente trata y aprueba buscando proteger a asalariados, quita protección a los 3 millones de personas sin empleo o que necesitan trabajar más. Ayer ratificaron decreto de doble indemnización para «dar seguridad jurídica» a una medida que tiene justamente el efecto inverso. No menos preocupante es que el hombre de la CGT de Moyano en Diputados, Héctor Recalde, anticipara que va a avanzar contra lo poco que se hizo de modernización laboral en la década pasada. Así se transforma Recalde en un promotor del empleo en negro, hoy en 44%.

La Cámara de Diputados aprobó ayer, casi por unanimidad, una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que obliga al empleador a entregar una constancia anual que certifique el pago de aportes previsionales.

«Que el trabajador pueda pedir esta certificación permitirá que haya mayor celo en el cumplimiento del pago de los aportes patronales», señaló el representante de Hugo Moyano y titular de la Comisión de Legislación Laboral, Héctor Recalde.

Al presentar la iniciativa, que luego de ser aprobada con 177 votos a favor y dos abstenciones fue remitida al Senado, Recalde subrayó que «el 44 por ciento de trabajadores sin registrar avala la necesidad de tender a la reconstrucción de los derechos laborales para que haya plena vigencia de aquellas normas que consagró el Parlamento». Nada dijo de lo que es la causa principal de la informalidad, que son los altos costos laborales.

Modificación

El proyecto, aprobado sin debate, prevé la modificación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que de aprobarse esta reforma en el Senado establecerá: «Cuando el contrato se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificadode trabajo, conteniendolas indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes, y contribuciones efectuadas con destino a los organismos de la seguridad social. Si no hiciera entrega de la constancia o del certificado (...) dentro de los cinco días hábiles computados (...), será sancionado con una indemnización que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada al trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuere menor».

El consenso para la votación se logró sobre la base de acotar el deber del empleador de emitir este certificado sólo una vez por año. Sin embargo, el legislador del Partido Demócrata Progresista de Mendoza, Omar De Marchi, fundamentó ayer ante este diario su rechazo a la iniciativa: «Esta es una nueva embestida del gobierno a través de Recalde al clima de inversiones que necesita el país. Una cosa es impulsar legislación en favor del trabajo, es decir, del empleador y del trabajador, y otra cosa son estas iniciativas que generan un escenario adverso al capital. En caso de que se trate, por ejemplo, de un despido con causa, se perjudica al empleador porque se lo obliga a una especie de absolución de posiciones previa al juicio laboral».

Sin embargo, Recalde defendió su proyecto en el recinto: «Hay muchísimas normas que hay que rever». El abogado laboralista y asesor de la CGT dijo que «durante la dictadura militar, uno de los primeros actos del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz fue acometer contra estos derechos y luego la desregulación de la década del 90 continuó la faena», recordó. Pero lo más preocupante es que fundamentó la necesidad de avanzar «en forma gradual y paulatina con la readecuación de las leyes laborales para que protejan en mayor medida a los trabajadores». Con los proyectos de este legislador, se los desprotege en realidad, ya que incentivan el empleo en negro. La Cámara de Diputados también ratificó ayer los decretos presidenciales de 2002, 2003 y 2004, que establecieron la doble indemnización para casos de despidos injustificados. «Se trata de dar seguridad jurídica a las normas sancionadas por el Poder Ejecutivo», sostuvo Recalde.


Nuevos reclamos de ruralistas

La derogación de los impedimentos a la comercialización de ganado, como el peso mínimo que rige para la faena, la liberación de los cupos de exportación y la puesta en marcha de un plan ganadero fueron los reclamos centrales de unos 200 ganaderos que se reunieron ayer en Buenos Aires en busca de ideas para la gestación de una política agropecuaria.

Con clima de descontento contenido, aferrados a la estructura de sus entidades, los productores coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo con el gobierno y buscar alternativas para mejorar las medidas que hoy rigen para el sector productivo.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que encabeza Javier Jayo Ordoqui, realizó la Primera Jornada «Hacia una política agropecuaria» ya alejada de la propuesta de un paro que enarboló hasta dos meses atrás. La entidad convocó a representantes de un abanico de expresiones políticas, oficialismo y oposición, entre quienes se destacaron la flamante titular de la comisión de Agricultura de Diputados, Ana Berraute; la dirigente del ARI, Elisa Carrió; el socialista Hermes Binner; el representante del PRO, Federico Pinedo; y el ministro de Agricultura de Buenos Aires, Raúl Rivara.

Temas pendientes

Berraute enumeró los proyectos pendientes en el Parlamento nacional y evitó profundizar en conceptos durante su primer encuentro público con una de las principales entidades del campo. Carrió, por su parte, se llevó los aplausos cuando indicó que «el gobierno nunca tuvo política agropecuaria y sus medidas son consecuencia del resentimiento y del fascismo», aunque cosechó silencios cuando definió que «el interior votó este proyecto». Finalmente, Mario Llambías, hombre de CARBAP que hoy conduce CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) volvió a mostrar un discurso moderadamente crítico y alejado de las confrontaciones que algunas regiones impulsan en su entidad.