Casi la mitad de las personas y empresas que se beneficiaron con amparos judiciales por más de 100.000 dólares y que fueron investigadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendría parte de los fondos sin justificar ante este organismo y debería eventualmente pagar multas de no poder explicar el origen de ese dinero. La sospecha del ente recaudador es que se podrían obtener aproximadamente 100 millones de dólares extra de recaudación, a partir de estos fondos de origen injustificado.
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En total, según declaró ayer el titular de la AFIP, Alberto Abad, de 425 casos seleccionados por el organismo para controlar potenciales problemas de evasión impositiva, unos 211 casos (49,65%) tendrían diferencias serias entre el dinero declarado por Ganancias y Bienes Personales, y el obtenido en los amparos. Según Abad, para encontrar estos casos se utilizó la bancarización forzosa y el reclamo judicial vía amparos para poder obtener el dinero retenido dentro del sistema financiero «como instrumento de control y no como arma política».
La AFIP seleccionó estos 425 casos a partir de la información que obtuvo por los amparos de empresas y particulares presentados ante la Justicia desde enero de este año y la información proveniente de las entidades bancarias. Luego estos datos se los cruzó con las declaraciones anuales de Bienes Personales y Ganancias, para ver si estos depósitos estaban declarados y si provenían de ganancias justificadas.
Según dijo Abad, desde el mes próximo comenzarán a investigarse también los gastos de unos 200.000 contribuyentes a partir de los consumos en las tarjetas de crédito.
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