Pandemia parte 2: la crisis económica que nos espera

Economía

Un análisis de las medidas locales para hacer frente a las consecuencias del COVID-19, que ya se sienten en la coyuntura económica.

La duración e intensidad de la cuarentena es determinante de la recesión que habrá este 2020, tanto en Argentina como en el mundo. La caída del PBI que Argentina experimentará en 2020 no será por impericia y errada política local –como ocurrió en 2016, 2018 y 2019- sino por falla sistémica global, el cisne negro que nadie esperó: una pandemia. Todo el andamiaje metafórico que el macrismo puso en práctica para explicar(nos) las corridas cambiarias contra el peso en 2018 y 2019 le hace cosquillas a este cimbronazo sin precedentes.

La pandemia encuentra a la Argentina post-Macri con sobrado capital político para enfrentarla pero con escasez de fierros económicos. En la carrera 2015-2019 la economía había logrado cruzar la línea de llegada con visibles signos de agotamiento, y empezaba a reponerse con un trabajo equilibrista sobre el orden fiscal combinado con inyecciones de recursos, pero ahora le piden que corra 10 vueltas más. El INDEC publicó la tasa de desocupación al final de 2019: 8,9% promedio nacional y dos dígitos en grandes centros urbanos. Lo obvio es que la Argentina 2020 a.c. (antes de la cuarentena) era ya bastante desafiante y tenía una larga lista de postergados. Previo a la crisis económica generada por el coronavirus, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimaba una caída de 1,2%, aunque los primeros 10 consultados indicaban caída menor, de 0,5%. Las proyecciones quedaron totalmente obsoletas por la caída de los mercados globales y particularmente por el impacto de las economías con mayor relación comercial como China y Brasil.

Frente a la pandemia Argentina respondió rápido, más que sus pares regionales y del norte, aplicando una cuarentena preventiva, y buscando con ello anticiparse a la exponencialidad de los contagios. Pero también respondió con anuncios fiscales y financieros que ascenderían –según estimaciones de CEPA- a cerca de 2,4% del PBI, o unos $680.000 millones y con tasa bajando a 38% (y a 24-26% para las líneas de asistencia de capital de trabajo). Trascienden cifras de importantes paquetes fiscales en otras partes del mundo, lo que deja en claro que de las crisis no se sale con austeridad y autorregulación sino con un manual de Keynes orquestado desde el Estado-Nación. El Policy Tracker que publicó el FMI permite ver que el paquete de Estados Unidos llegaría al 10% del PBI (combinado con tasa de referencia de la Reserva Federal de 0 a 0,25%), Francia gastaría 2% del PBI en medidas fiscales y 13% en garantía de préstamos, Alemania 4,5%, Italia 1,4%, Portugal 4,4%, Austria 9%, Finlandia 6,4%, Bélgica 2%, y la lista sigue.

Sin embargo, la coordinación global para la resolución de la crisis pareciera ser la primera víctima de la pandemia del COVID-19. La salida no luce regional ni supranacional. Aunque para nuestra región el posicionamiento que tenga el FMI y los organismos multilaterales de crédito respecto del endeudamiento podría ser un verdadero aporte que pondere su mentado rol de asistencia. ¿Y si el “alivio sustancial” que se exige desde el FMI para los acreedores privados colocados en títulos públicos argentinos, mejor empieza por casa? Máximos referentes del Grupo de Puebla impulsan la condonación de deuda de organismos multilaterales con América Latina y una reestructuración con acreedores privados con mora absoluta de dos años sin intereses. Los intereses en 2019 explicaron el 21% del presupuesto nacional (CEPA). Con la mitad de lo que cuesta el pago de intereses anual se equipara el costo del paquete anunciado por Fernández.

  • El paquete argentino

Sumas de $3.000 para 4,6 millones de jubilados/as y pensionados/as o lo que reste hasta alcanzar $18.892, bonos de $3.000 para 4,3 millones de beneficiarias de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, ingreso de emergencia de $10.000 en abril para un universo estimado de 3,6 millones de monotributistas sociales, categorías A y B y trabajadoras de casas particulares -con la condición de integrar hogares sin ingresos declarados- son los canales de transferencia de ingresos más relevantes. Hasta allí la suma asciende a unos $70.000 millones, lo que equivale a 1 punto de intereses de deuda sobre presupuesto. Por la suspensión de la entrega de las Tarjetas Alimentar, se depositó automáticamente a unos 400.000 beneficiarios/as al 20 de marzo los montos correspondientes según cantidad de hijos ($4.000 por 1 hijo/a, y $6.000 en caso de 2 o más hijos/as). A la lista se agrega un bono de $20.000 en 4 cuotas para trabajadores/as de la salud, bono de $5.000 para trabajadores/as de supermercados y otros $5.000 no remunerativos para Fuerzas Armadas, Policía, Gendarmería, PSA y Prefectura.

Una parte importante de esta cuarentena también se sostiene pateando pagos hacia adelante. Postergaciones de pago de créditos ANSES por dos meses (8,8 millones endeudadas), la prohibición de cortes de luz, gas, agua, telefonía e internet y el congelamiento de alquileres por 180 días. También el BCRA aumentó en 60 días los niveles de mora admitidos tanto para la cartera comercial como para consumo o vivienda para los niveles ubicados entre 1 y 3, es decir, deudores con mora de hasta 180 días.

Sin embargo, por estas horas, el principal interrogante respecto de la sostenibilidad de la cuarentena, con el fin de evitar despidos y/o quiebras, está en la propia sostenibilidad del entramado empresarial pequeño y mediano. ¿Por qué? Porque el problema es doble: esta crisis de la economía real derivada de las políticas de aislamiento no significa solamente una caída de demanda, sino un problema de circulación del dinero desde los consumidores hacia las empresas, y al interior de la propia cadena productiva y de servicios. El capitalismo es circulación y lo que rige es lo opuesto: aislamiento. Garantizar que las empresas reciban liquidez para hacer frente a costos operativos sin vender es una de las claves. CGERA lo resumió en tres ejes de potencial corte de la cadena de pagos: el primer eslabón afectado es el comercio, que compró mercaderías antes del 19 de marzo y emitió cheques para fechas posteriores: ¿tendrá fondos para cubrirlos?, el segundo es el distribuidor mayorista o la industria pyme, que tendrá gran cantidad de estos cheques en cartera o entregados a la entidad financiera: si no se cubren, el banco los rechaza, y el tercer eslabón es la mediana/gran empresa proveedora de los anteriores, que tiene en su poder o entregados estos cheques: si no los cobra la suspensión de entregas no parece estar muy lejos.

Para esto es fundamental que se coloquen las líneas de crédito anunciadas por el BCRA por $350.000 millones, en el marco de modificaciones regulatorias a las entidades financieras de rebaja del efectivo mínimo y de desprendimiento de Leliqs. Los créditos tienen por estos días a la banca pública como pieza esencial del engranaje financiero: ya el BAPRO y el BNA definieron líneas con 24% de tasa nominal anual.

Si el entramado empresarial tiene problemas, el mundo del trabajo está lidiando con las crecientes dificultades de la administración del aislamiento. Las licencias dispuestas para garantizar la cuarentena no son fáciles de aplicar y de sostener. Quienes superan los 60 años de edad son 883.286 casos, ello sin considerar empleo no registrado. El primer problema: una porción relevante de este universo no tendría cubierta su licencia debido a la relación laboral precaria, ya que se trata de trabajadores/as monotributistas, de casas particulares o autónomos/as, que ascienden a 193.957 mujeres con más de 60 años y 284.131 varones en la misma condición. La transformación regresiva del mercado de trabajo entre 2015 y 2019 –con aumento de monotributismo en 188 mil casos y reducción de la relación de dependencia en 236 mil trabajadores/as-, pasa factura en el peor momento.

Incluso en el universo de la relación de dependencia, cabe preguntarse cuál es la posibilidad real de que esas licencias puedan efectuarse sin penalidad alguna para los empleados y empleadas.

El decreto 297/2020 que se emitió el 19 de marzo contiene un listado de sectores exceptuados de la cuarentena para sostener el funcionamiento de los servicios esenciales, pero aparecieron grises respecto de las actividades productivas. “¿Qué es esencial?” “¿las galletitas y los alfajores lo son?” -preguntan desde el sindicato de la alimentación-, “¿Los tubos sin costura lo son?” -reclaman desde en la UOM Campana, mirando la catástrofe de la localidad de Bergamo, Italia, donde la familia Rocca tiene su planta madre. Las tensiones hacen entrar en contradicción a más de un delegado/a con experiencia y formación sindical: ¿pelear por la licencia –a riesgo de que luego la empresa la transforme arbitrariamente en suspensión y no la pague- o trabajar y arriesgar la salud de los trabajadores/as?

La decisión se toma en un contexto de gran presión, donde los 1.450 despidos anunciados por Techint en su constructora anticipan un escenario altamente conflictivo.

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