El programa electoral del gobierno incluye, como un capítulo principal, un acuerdo con el sindicalismo. Sobre todo con la CGT oficial que conduce, hasta ahora, un triunvirato. El eje de ese entendimiento es, obviamente, salarial: la administración ofrece un aumento en los ingresos a cambio de «paz social», por lo menos hasta octubre. El primer paso de este pacto se verificó ayer, cuando se anunció la convocatoria para el próximo miércoles al «Consejo del salario mínimo, vital y móvil». En principio, se incorporarían a los básicos de convenio $ 60 del aumento de $ 100 no remunerativos que se dispuso a fin del año pasado. Este «blanqueo» del salario será progresivo y promete llegar a las elecciones con un mínimo de $ 630, como exigió la CGT desde el año pasado. Pero el incremento de sueldos preelectoral tendrá otra vertiente: el gobierno estudia un aumento del mínimo no imponible para el pago de Ganancias. La última versión de esa reforma indicaba, anoche, que ese piso se subirá de los $ 1.500 actuales a los $ 3.000. Esto operaría en la práctica como un aumento salarial del que se haría cargo el Tesoro nacional con menores ingresos.
Carlos Tomada (izquierda), Héctor Méndez (derecha)
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El incremento del salario mínimo se hará mediante la incorporación de los $ 50 no remunerativos otorgados por el gobierno hace un año y harían lo mismo con los otros $ 100 que también se concedieron el año pasado.
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