Denuncias de irregularidades complican a Petrobras

Lula da Silva en Petrobras.

El ente estatal brasileño Petrobras, que será investigado por el Congreso bajo sospecha de fraudes en licitaciones y desvío de dinero, es blanco de nuevas denuncias que lo acusan de haber transferido, sin licitación, unos 300 millones de dólares a entidades vinculadas al gobierno.

Según denunció hoy el diario "O Globo", en los últimos 12 meses fueron firmados 1.100 contratos de patrocinios, fiestas y congresos con entidades que no cumplen con requisitos mínimos, como tener un domicilio comprobable, cumplir con los pagos estipulados o concluir los proyectos a los que se comprometieron.

De acuerdo con la versión periodística, varias de las instituciones que recibieron dinero de la estatal bajo esas condiciones están vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT, de gobierno), como la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Asimismo, algunas de esas entidades responden ante la Justicia por denuncias de fraude, como es el caso del Instituto Nacional de Formación y Asesoría Sindical de Agricultura Familiar (IFAS).

Esta entidad, que ya fue acusada de desviar recursos obtenidos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), obtuvo de la estatal en 2007 unos dos millones de dólares -señala el diario- , pero todavía no rindió cuentas sobre el uso del dinero.

Las nuevas denuncias se realizan en momentos en que el Senado Nacional instauró una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para analizar una serie de graves denuncias contra la petrolera realizadas por la Policía Federal.

Según el operativo policial Aguas Profundas, existen indicios de fraudes en licitaciones para la construcción de plataformas de petróleo, de evación fiscal y de desvío de dinero destinado a patrocinios.

El gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva trabajó arduamente para evitar la instauración de la CPI, que dejará al descubierto, de comprobarse las denuncias, maniobras irregulares de una de las más importantes estatales brasileñas.

Ante el fracaso del intento de abortar la CPI, el gobierno arreció sus ataques a la oposición, gestora de la misma, a la que acusó de poner en riesgo el prestigio de Petrobras con el objetivo de anticipar la batalla hacia las elecciones presidenciales de 2010.

"Eso es pelea política, se llama 2010", resumió en su momento el ministro de Defensa, Nelson Jobim.