La Comisión Nacional de Valores modificó integralmente el régimen aplicable a los Agentes de Calificación de Riesgo. La reforma reduce varias secciones y artículos, además de eliminar anexos y adaptar distintos requisitos.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una reforma integral del régimen aplicable a los Agentes de Calificación de Riesgo, en el marco del proceso de desregulación y simplificación normativa que lleva adelante el organismo.
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A través de la Resolución General N° 1164, el Directorio de la CNV modificó el marco regulatorio de las calificadoras con el objetivo de reducir cargas burocráticas, simplificar procedimientos y adecuar las reglas a la normativa vigente y a los estándares internacionales.
La reforma implica una reducción de más del 50% en la extensión del marco normativo. En concreto, las secciones pasan de 48 a 27, mientras que los artículos se reducen de 164 a 81. Además, se eliminan los anexos y se reorganiza el contenido en tres capítulos para diferenciar las disposiciones comunes de aquellas específicas para cada categoría de calificadora.
"Nos complace presentar esta enorme desregulación que resulta en una reforma integral del marco regulatorio de las calificadoras de riesgo", destacó el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, quien remarcó que la modificación se encuentra en línea con el proceso de modernización y simplificación impulsado por el organismo.
Según explicó el funcionario, la reforma permitió eliminar requerimientos considerados innecesarios y avanzar hacia "menos burocracia, procesos más simples y una regulación más eficiente, sin resignar transparencia ni supervisión".
Este viernes será publicado en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, con lo que comenzará a regir formalmente el nuevo esquema regulatorio.
La modificación reordena el régimen aplicable a estas entidades y lo adecúa a lo establecido por la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, a la derogación del Decreto N° 1023/2013 y a los estándares internacionales de IOSCO.
Uno de los puntos centrales es que el nuevo régimen queda delimitado a las calificaciones públicas de riesgos crediticios. Al mismo tiempo, se incorpora una mayor flexibilidad para que las calificadoras puedan desarrollar actividades complementarias, siempre que estas no generen conflictos de intereses.
También se apunta a reforzar la independencia del proceso de calificación. En ese sentido, se elimina la obligación de notificar previamente las reuniones del consejo de calificación y la participación de la CNV en esos encuentros.
La normativa flexibiliza además las reglas vinculadas con la tercerización y los convenios de calificación, mientras que otorga mayor libertad a las entidades para definir sus metodologías, escalas y categorías.
Otro de los cambios se concentra en las obligaciones de divulgación y revisión de las calificaciones. El nuevo esquema establece un mecanismo de monitoreo permanente y continuo, con una actualización anual como mínimo, al tiempo que elimina determinadas cargas de información consideradas innecesarias.
De esta manera, la CNV busca avanzar hacia un esquema regulatorio más acotado y ordenado para las calificadoras de riesgo, con el foco puesto en la supervisión y la transparencia, pero con menores exigencias administrativas.