Aunque la inscripción es gratuita, hubo inconvenientes. El problema es que se le solicitan al deudor varias certificaciones que tienen un costo de $ 150 a $ 1.000, según el caso, y las asociaciones de deudores advirtieron que, de esta manera, muchos iban a quedar fuera del registro.
Ayer, no obstante, los interesados concurrieron a las sucursales del Nación que por su domicilio (el del titular de la hipoteca) les correspondía para preguntar acerca de la inscripción.
Hay tiempo hasta el 9 de setiembre próximo, pero hay que tener presente que muchos de los papeles que se exigen al deudor ya forman parte de expedientes judiciales y deben pedirse directamente a los juzgados (que están por entrar en feria judicial a partir de la semana próxima en todo el país).
Los deudores hipotecarios ejecutables, ya sean bancarios o no bancarios, y también los acreedores que así lo deseen, deberán completar los formularios que se entregan en el Nación y que tendrán carácter de declaración jurada.
Una vez recepcionados, una copia quedará en poder del deudor y otra se remitirá a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, donde se confeccionará el registro.
