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Además de aliviar la situación en el CIADI y evitarse una seguidilla de fallos desfavorables, el gobierno busca distender la relación con el Fondo Monetario, debido a la necesidad de reprogramar vencimientos por más de u$s 1.400 millones.
Ese día, representantes de la Uniren afirmaron que se podría llegar a un entendimiento esta misma semana, lo que resulta por lo menos llamativo luego de varias semanas de conversaciones infructuosas. La distribuidora gasífera tiene la particularidad de que su accionista mayoritaria es la empresa española Gas Natural, que renunció a litigar contra el Estado nacional en marzo pasado.
No obstante, su propuesta de un aumento de tarifas que abarca también a los usuarios domiciliarios de mediano y alto consumo no forma parte hasta ahora de lo que el gobierno parece dispuesto a ceder antes de las elecciones de octubre.
Otro aspecto clave para Gas Natural es que el acuerdo con el gobierno no la obligue a hacerse cargo del juicio que eventualmente gane en el CIADI la accionista minoritaria, la norteamericana LG&E. En ese sentido, el acta de entendimiento propuesta por la Uniren a todas las privatizadas incluye, por el momento, una cláusula que las deja a cargo de las indemnizaciones y costos de los juicios de socios minoritarios contra el Estado nacional, pero el procurador Osvaldo Guglielmino dijo este fin de semana que se eliminaría esa exigencia. Esto, que es consecuencia directa del fallo a favor de CMS, no se sabe si es compartido por el resto del gobierno.
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