Dos destinos diferentes

Los gobiernos de los países tienen un rol protagónico en lo que hace a marcar el rumbo hacia el cual desean conducir los destinos de las naciones que gobiernan. Del mensaje que dirigen a los ciudadanos, y a los restantes miembros de la comunidad internacional, así como de los actos concretos de gobierno que realizan, pueden deducirse las consecuencias económicas y sociales de su obrar, y generarse las respuestas por parte del mercado, los otros países, y los ciudadanos.

Durante un breve paso por los Estados Unidos pudimos presenciar cómo los voceros económicos de la Casa Blanca hicieron conocer los lineamientos que marcarán y darán la impronta a la gestión del presidente Bush y a la primera economía del mundo en el año 2002. Este reporte, tempranamente emitido este año dentro de la tradición americana, constituye casi un manifiesto a la libertad económica, al encarar el desarrollo del plan de gobierno en una visión desde la cual se considera (I) que los recursos económicos se encuentran mejor asignados en el sector privado que en el público (y hablamos de un país en guerra), (II) que los incentivos al trabajo, el ahorro, la inversión, la innovación y la libre competencia son el corazón y el alma del crecimiento; y (III) que la economía americana aún permanece un poco deprimida como consecuencia de significativos desincentivos del pasado que deben ser removidos, especial-mente en materias que afectan la libre competencia en las áreas de salud y educación, lo cual -desde la visión de los técnicos-reducirá costos y mejorará la calidad de las prestaciones; produciendo todo ello un mayor crecimiento económico, y aliviando las futuras preocupaciones financieras del gobierno.

Este discutido documento, que fue calificado casi como un «Manifiesto de Libre Mercado» (A free-market manifiesto), puede sintetizar en un conjunto muy específico y concreto de lineamientos y medidas tales como (I) mayores rebajas de impuestos; (II) mayor desregulación; (III) expansión e incentivos para el libre ámbito de elección en materia de educación y salud; (IV) parcial reconversión del sistema de seguridad social en un sistema de cuentas individuales de ahorro e inversión para financiarse individualmente; (V) acrecentamiento de las cuentas de ahorro con beneficios impositivos; (VI) mayor permisibilidad en el tratamiento de los regímenes antimonopólicos desde una visión dinámica, especialmente en industrias innovativas; (VII) armonización de la política mundial en materia de libre competencia; (VIII) restricción en los gastos públicos; (IX) mayor competencia entre gobiernos locales, compañías privadas y organizaciones de buena fe y no gubernamentales para la provisión de servicios, y (X) la conversión del sistema de préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional enfocándolos, estrictamente, en alentar el respeto y la vigencia de la ley, la salud y la educación en los países pobres. Adicionalmente hay otras medidas tendientes a la preservación del medio ambiente.

• Meta

La justificación de este manifiesto es que la guerra contra el terrorismo ha aumentado las demandas de la economía y que el gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para construir ese crecimiento económico que permita alcanzar dichas demandas de la nación americana. La meta del mismo son: (I) más crecimiento, (II) más desarrollo y (III) más prosperidad.

Por nuestra parte, al regresar a la Argentina nos encontramos con el manifiesto del gobierno del presidente Duhalde que es bastante opuesto a esto. En efecto, conforme al conjunto de medidas proyectadas, declamadas -y algunas implementadas-la visión del plan de gobierno es catastrófica; (I) desincentivo al trabajo por aniquilamiento del valor adquisitivo del salario y la generación de planes para remunerar a personas para que no trabajen; (II) aumento del gasto público y de los impuestos; (III) desincentivo al ahorro y la inversión por confiscación de los ahorros privados y aniquilamiento del valor internacional de los activos radicados en el país; (IV) destrucción del sistema jubilatorio y de la seguridad social y confiscación de los ahorros del sistema de previsión social para el financiamiento del gasto público; (V) destrucción del crédito por licuación grosera de deudas de las principales empresas al amparo de la protección oficial; (VI) generación de la resurrección de las cuevas financieras y los negocios especulativos como consecuencia de la política financiera y monetaria del gobierno; (VII) debilitamiento absoluto del sistema financiero; (VIII) jubileo de deudas provinciales por valor de 20.000 millones para provincias que anualmente, en su conjunto, no pueden recaudar más de 5.000; (IX) aniquilamiento del valor «seguridad jurídica» por reiteradas violaciones a normas constitucionales y afectación de derechos adquiridos; (X) operativos de intento de desplazamiento de una Corte calificada de «hostil» hacia la búsqueda de una nueva Corte «cómplice»; (XI) emisión descontrolada -ya 350 millones, más de 1.000 millones en un solo mes anunciados para pagar salarios de estatales, y 3.500 anuales autorizados-amén de bonos y monedas espurias (títulos varios); y (XII) paralización del comercio y la actividad industrial, alza de precios y desabastecimiento; entre otras. Si a ello agregamos la posible pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo en la industria petrolera y de 14.000 en el sector financiero, si siguen adelante con las medidas, y que el aislamiento en el que nos han colocado equivale al desalentar toda posibilidad de inversión extranjera, y de promoción de negocios con el exterior y los mercados inter-nacionales, el horizonte resulta bastante oscuro.