El negociador que designará Economía tendrá que sentarse con los responsables del Correo, los aeropuertos, el gas, los teléfonos (no los celulares, que no están considerados servicios públicos), el agua, electricidad, peajes, puertos, dragados, trenes, transporte de cargas y pasajeros, etcétera.
La Ley de Emergencia Económica sancionada, vetada parcialmente y puesta en vigencia (todo junto en peregrino ingenio jurídico porque no había sido aún publicada) el 6 de enero, dedicó todo el Capítulo II a ordenar al Poder Ejecutivo la renegociación de los contratos vigentes en la posconvertibilidad.
Ese capítulo (artículos 8°, 9° y 10) describe el trazo grueso de la renegociación que ahora quiere desmadejar el gobierno para saber quiénes son los interlocutores con los que debe sentarse para salir del frente más crítico que tiene. Es el que le plantean al gobierno de Eduardo Duhalde los países con intereses en las empresas de servicios privatizadas reclamando por la caída de ganancias. El gobierno, desembozadamente, ha acusado a esas empresas de haber ganado en el pasado mucho dinero indisponiéndolas ante la opinión pública. Ayer el Presidente dedicó su rutina radial a acusarlos de hacer lobby sobre su oficina.
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