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Ella dispondrá de los recursos que le asignará al efecto el Congreso de los Estados Unidos. Los que, de materializarse, supondrán un aumento considerable del volumen de «asistencia económica» exterior. El que puede estimarse en un orden de 50% para los próximos tres años.
Los futuros beneficiarios del nuevo programa deberán competir -entre sí- por los fondos disponibles. Unos doce países serán -así- anualmente seleccionados.
Sólo aquellos con mejores «calificaciones» accederán a este tipo de asistencia. Para ello deberán demostrar -antes que nada- que sus administraciones no son corruptas; gobiernan con justicia; promueven la libertad económica; controlan la inflación; tienen un compromiso sincero con la disciplina fiscal y presupuestaria; disminuyen su presión tributaria; desregulan la actividad económica; e invierten activamente en su propia gente, particularmente en los campos de la salud y la educación. No es poco. En rigor, es todo un evangelio.
Para el año 2004, sólo unos 75 países podrán aspirar a estos fondos. Aquellos con ingresos menores a 1.445 dólares anuales por habitante, lo que los define como naciones pobres. Como Honduras, Senegal, Ghana o Bolivia.
En los dos años siguientes, ese «techo» aumentará progresivamente, hasta alcanzar a los países con ingresos que no superen los 3.000 dólares anuales por habitante. Esto posibilitará a otros, como Filipinas, la India, Tailandia o Jordania, aspirar a recibir la «asistencia económica» de la nueva agencia.
Un esquema innovador, edificado sobre pautas objetivas de comparación que definirán -selectivamente- a los adjudicatarios. Se habla de que habrá una «tabla» compuesta por unos 16 indicadores. Al menos, para comenzar. Ellos serán provistos por distintas instituciones, públicas y privadas. Tanto por el Banco Mundial, entonces, como por organizaciones civiles como la Heritage Foundation. Entre los criterios a adoptarse estarán, según se anuncia, el grado de apertura de los respectivos mercados nacionales y el «trato» conferido al capital privado, nacional y extranjero.
Un directorio, a ser presidido por el propio secretario de Estado, recomendará a los candidatos a recibir asistencia al presidente. Este funcionario será quien tenga la última palabra.
La operativa será voluntaria. Nadie «tendrá» necesariamente que presentarse a competir. Pero el incentivo para hacerlo será grande. Y la «conducta» requerida para ello coincide, desde luego, con la visión norteamericana de cómo deben organizarse los países, si es que aspiran, honesta y seriamente, a crecer en un mundo globalizado. Compitiendo, entonces.
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