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Con todo, la relación de intimidad existente entre el poder político y los grandes grupos económicos locales (esto es, los conglomerados empresarios familiares, más conocidos como «chaebols».
Algo así como la «burguesía nacional» surcoreana) ha continuado generando no solamente protección arancelaria y subsidios de todo tipo, sino una situación de privilegio que alguna vez hasta ha «estirado» la interpretación de las normas y reglamentaciones.
La acreencia de Goldman Sachs, que equivale a un tercio del pasivo total de la deudora en cuestión, estaba en mora. Por ello, al no poder cobrar, se presentó ante los tribunales locales iniciando procedimientos concursales en procura de reemplazar la gerencia de la empresa, con cuya labor estaba disconforme.
Hasta ese momento, ningún acreedor extranjero había logrado ese cometido en Corea del Sur. Pese a que, según la ley, la posibilidad efectivamente existe.
La deudora en este caso debía, en total, más de 1.400 millones de dólares y su reestructuración luce indispensable. Más allá del lógico deseo de la gerencia local de perdurar en el control de la empresa, ignorando o postergando los derechos de los acreedores. A pesar de los errores que, en su gestión, la gerencia pudiera haber cometido.
Tan pronto como las acciones judiciales se iniciaron, la deudora y los acreedores domésticos se lanzaron en una fuerte «campaña periodística», de corte típicamente chauvinista, acusando a Goldman Sachs de pretender quedarse con una auténtica «joya» de la industria surcoreana. «Desnacionalizando» una empresa «emblemática».
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