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Néstor Kirchner, quien decía no haber visto el proyecto aún, hace rato que lo discutió y aprobó con el ministro Carlos Tomada, quien desde ayer está en el trámite de convencer al gremialismo (recibió a los de la CTA y también a varios «gordos») de ciertos retoques a la iniciativa sindical que se enviará al Congreso la próxima semana (ya tiene, inclusive, decidido quién será el senador-portavoz de su intimidad). El ocultamiento, en rigor, disimulaba una razón: postergar dos trabajos que acercaron los empresarios y que, naturalmente, nada tienen que ver con el engendro impulsado por varias CGT y bendecido por el gobierno.
Si bien se requerirá una tarea de fino análisis jurídico para desbrozar el texto, la realidad es que la nueva ley aumentará el costo laboral y, seguramente, no estimulará la contratación de mano de obra, como si el problema de empleo no fuera gravísimo en el país. Aunque, claro, los gremialistas dirán lo contrario. Todo será más caro para las empresas (por 5 meses de trabajo se podrán lograr 3 de indemnización, como ejemplo), aunque deban soportar la propaganda oficial de que se eliminará la doble indemnización que rige arbitrariamente hasta ahora.
Este incremento, como es lógico, afectará la creación de empleo: a nadie le gusta correr riesgos y, técnicamente, al margen de obviedades de la macroeconomía, lo cierto es que cualquier compañía preferirá -si es que tiene actividad- multiplicar las horas extra antes que buscar nuevos trabajadores. Lo que parece sensato no es apreciado por el gobierno, más bien inclinado a la picardía de quitar el tope indemnizatorio al personal ejecutivo con la esperanza de que éste, por su propio interés, no defienda como debiera a quienes le dan conchabo.
El retroceso que se pone en marcha -y al cual, parece, Roberto Lavagna casi no pudo tocar- favorece a los gremios, además, en que regresa a la ultraactividad (continuidad de convenio), sistema que en los papeles se había corregido en la ley Flamarique (aunque, de verdad, nunca se aplicó; primero por tropiezos de De la Rúa y, luego, por pactos de Eduardo Duhalde y su funcionario Tomada, no olvidarlo, con los sindicalistas). Los «muchachos», entonces, tranquilos y entusiastas: le extienden el «balance social» a empresas con 100 o 200 empleados (antes eran 400) y, también, el derecho a la información, con lo cual accederán a negociar, y apretar, por lo menos -siempre, claro, en interés de sus representados- con cuanto empresario mediano exista en el país. Será, para éstos, como dormir con el enemigo. Para Hugo Moyano, quien seguramente dirá que no le gusta esta reforma para cubrir las formas, esta futura concesión en contra de las empresas será «revolucionaria». Seguramente.
La «revolución» en empresas cada vez más jaqueadas parece el objetivo de buena parte de esta reforma, a pesar, inclusive, de que Kirchner jura que «a él hay que juzgarlo por lo que hace, no por la ideología».
Tal vez en este caso, el hombre hace lo que piensa. Ya que hacer todo lo contrario -como se ufana- podría convertirlo en un personaje de William Blake.
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