El FMI exige ahora vetar la "ley Clarín"

Enrique Iglesias, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, trajo un mensaje inquietante para Eduardo Duhalde. «Le advierto -dijo Iglesias a Duhalde- que si a Bush le traducen el significado de la reforma a la Ley de Quiebras, la Argentina no podrá ya esperar apoyo externo alguno». Esta advertencia pesó más en Duhalde que el pronunciamiento de los ministros de Economía de la Unión Europea y se sumó a la reprimenda extraoficial del Fondo Monetario Internacional al gobierno.

El Fondo Monetario Internacional envió ayer al gobierno, con la firma de Claudio Loser, director para América latina, un memorándum donde dice que la Ley de Quiebras debe ser vetada totalmente o por lo menos en forma parcial, «por el daño que les produce al sistema bancario y a la cultura del crédito».

Los aspectos de la ley más cuestionados por el Fondo Monetario son tres: 1, el referido a los 180 días para el período de exclusividad; 2, el que establece que si en 90 días los acreedores no llegan a un acuerdo con los deudores, los bancos deben previsionar la pérdida; 3, el Fondo se opone a que no se permita eliminar el instituto del «cran down», mecanismo por el cual el acreedor se puede quedar con la empresa fallida, eliminación en la que hizo más énfasis «Clarín».

La primera inquietud está referida a una moratoria que establece la ley para las empresas endeudadas que resulta tan generosa que ha hecho temer a Oscar Lamberto por las consecuencias que tendría sobre las cuentas públicas (como se ve, el Estado no quiere para sí lo que impone, a través de esta ley, para otro tipo de acreedores, como los bancos, por ejemplo).

• Plazo

La segunda dificultad tiene que ver con el plazo que se le concede al denominado período de «exclusividad», esto es, al lapso durante el cual los deudores pueden negociar con los acreedores un esquema de pago o de compensación. La ley lo fija, insólitamente, en 180 días hábiles.

Semejante plazo no solamente perjudica a los acreedores, sino también complica hoy a la economía, porque nadie acepta cheques a plazo por temor a convertirse en acreedor y tener que esvendría a la Argentina perar 180 días hábiles para ejecutarlos en caso de que no tuvieran fondos. Ya existen casos de cheques sin fondos cuyos suscriptores se amparan en esta ley, todavía en trámite, para no cubrir la deuda. Esto está obligando a echar mano al cheque con certificación bancaria (equivalente al pago al contado) para reponer los stocks de productos.

El gobierno procuraba anoche alguna vía para anular estas deformaciones de la ley, pero se encontraba con una limitación casi infranqueable: la aprobación del Senado se alcanzó con 2/3 de los votos, mayoría imposible de reconstruir en la Cámara baja para corregir el texto.

Por eso anoche en Olivos, en una reunión discreta de Duhalde con sus asesores legales comandados por el secretario de Legal y Técnica, Antonio Arcuri, se comenzó a analizar la posibilidad de que el Presidente aplique un veto sobre esos artículos.