La medida fija prioridades para seleccionar obras según su impacto económico, productivo y su nivel de financiamiento.
Según CAMARCO, mantener anualmente el sistema vial (nacional y provincial) cuesta u$s 4.213 millones, pero recuperar una infraestructura deteriorada implica un desembolso de hasta u$s 40.773 millones.
El Gobierno estableció los criterios que se utilizarán para definir qué proyectos integrarán el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029, con el objetivo de ordenar la asignación de recursos y jerarquizar obras según su impacto económico y productivo.
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La decisión se formalizó mediante una resolución conjunta de la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
El esquema fija prioridades claras para la selección de iniciativas: en primer lugar, se dará continuidad a los proyectos que ya se encuentran en ejecución, mientras que para las nuevas obras se ponderarán aquellas que generen empleo, impulsen exportaciones y mejoren la balanza energética.
Además, se valorarán los proyectos que promuevan el desarrollo tecnológico, cuenten con evaluación técnica vigente y dispongan de estudios de factibilidad o prefactibilidad presentados ante la Dirección Nacional de Inversión Pública.
Otro de los puntos centrales es el financiamiento: tendrán prioridad las iniciativas que cuenten con apoyo de organismos internacionales o líneas de crédito avaladas por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.
La medida se enmarca en el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), que regula la formulación y evaluación de proyectos y su incorporación al presupuesto nacional. En ese esquema, la Secretaría Ejecutiva actúa como autoridad de aplicación y coordina con Hacienda la definición de los lineamientos.
Según se detalla en la norma, estos criterios no implican una asignación automática de fondos, sino que constituyen un mecanismo de ordenamiento y clasificación dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).
El objetivo es alinear la planificación de obras con el proceso de elaboración del Presupuesto nacional, teniendo en cuenta tanto las prioridades de política pública como la disponibilidad de financiamiento.
A su vez, se prevé que los lineamientos puedan ser desarrollados en guías y manuales metodológicos para su aplicación por parte de los distintos organismos del sector público.
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