El gobierno no frenaría venta de Pérez Companc

En medios privados y oficiales se coincide en que no se advierten motivos para que la venta del control accionario de Pérez Companc a Petrobrás, resulte objetada por la Secretaría de Defensa de la Competencia o por alguna otra autoridad regulatoria argentina.

«La desnacionalización de activos claves como el sistema de transmisión eléctrica operado por Transener, a la que aluden algunos comentarios, es un hecho desde 1992», dijo un experto en temas eléctricos.

En este sentido mencionó que desde las privatizaciones en 1992, Pérez Companc tiene participación accionaria en empresas operadas por compañías extranjeras o con participación mayoritaria de éstas, y ahora lo que se traspasará a Petrobrás es el control de PeCom Energía que mantendrá los mismos porcentajes en las privatizadas participadas.

Transener es operada por la norteamericana National Grid, y «nadie objetó esa situación en diez años», dijo un funcionario de un ente regulador. En cuanto a otro activo considerado estratégico como Transportadora de Gas del Sur (TGS), Enron, también norteamericana, comparte el control accionario con Pérez Companc. También en Edesur, la empresa local está asociada con Endesa de España que es la operadora.

Según expertos en cuestiones legales, «no hay ningún elemento en los pliegos de las licitaciones para las privatizaciones de electricidad y gas, que impida la participación de empresas extranjeras, sean éstas públicas o privadas».

Según los entendidos en defensa de la competencia, «el gobierno argentino a lo sumo podría pedirle a Petrobrás que se desprenda de determinados activos de PeCom, si observa una posición dominante, como ocurrió cuando Repsol compró YPF y ya tenía Astra». Sin embargo, añadieron, «en este caso, no hay posición dominante en ningún segmento de la energía, porque Petrobrás sólo cuenta en la Argentina con las estaciones Eg3 y con una refinería, lo que se complementa con los activos de Pérez Companc, con mayor peso en la producción de petróleo y gas».

La confusión se desencadenó la semana pasada, cuando aparentemente algunas empresas de capital local habrían objetado que el sistema de transmisión eléctrica a nivel nacional sea controlado por una empresa estatal de Brasil. Esas objeciones nunca llegaron a formalizarse en una presentación ante el gobierno de Eduardo Duhalde, y se sospecha que detrás de esos trascendidos, habría otra intención, porque Pérez Companc no es la única accionista de Transener.

Hay quienes creen que detrás de la afirmación de evitar «la desnacionalización de las empresas argentinas o de activos clave», hay una implícita presión de algunas compañías privadas para que el gobierno les otorgue un seguro de cambio.

• Partes interesadas

Estas circunstancias no parecen haber impactado en las partes interesadas: el comprador y el vendedor. Desde hace más de una semana, están en Buenos Aires los mismos cuadros técnicos de Petrobrás que en su momento participaron de la auditoría de la red de estaciones Eg3 y refinería Bahía Blanca, que la empresa brasileña adquirió en diciembre pasado, luego de un canje con Repsol YPF.

En el «due diligence» en Pe-Com también participan Goldman Sachs por Petrobrás y Merrill Lynch por la familia Pérez Companc, que es la parte vende-dora. Todo apunta a que la auditoría esté terminada hacia fines de setiembre.

Si bien el canje de activos con Repsol llegó a demorarse casi un año, luego de que se acordó, se cree que en este caso podría llegarse a octubre con el «due diligence» terminado. En primer lugar, porque al tratarse de una venta, ya no habrá discusiones sobre el valor de cada activo a intercambiar.

Pero sobre todo, porque en este caso no se trata de una red de estaciones de servicio que puede funcionar cualquiera sea el dueño, sino de una organización empresaria en la que deben tomarse decisiones estratégicas para el próximo año, de modo que una demora podría derivar en situaciones ambiguas.

Por el momento, el management de Pérez Companc sigue manejando la empresa como antes del acuerdo. De hecho, debe ocuparse de la refinanciación de la deuda bancaria, porque ésta es una de las condiciones para la operación con Petrobrás.

Aunque tanto el comprador como el vendedor mantienen en reserva las actuales tratativas, un vocero de Petrobrás dijo que «el presidente Duhalde aseguró a las autoridades de la empresa la neutralidad del Estado argentino con respecto a esta compra». Esto habría terminado con las confusiones y también con las presiones: aun cuando Petrobrás es estatal, se trata de una operación privada en la que el gobierno no tiene fundamentos legales para inter-venir.