El martes que viene, en el Ministerio de Trabajo, se suscribirá un acta por la cual algunas cámaras empresariales y los sindicalistas dispondrán un aumento de salarios de 100 pesos para todo el sector privado. Es una suma sobre la que no se aplicarán descuentos salvo el que corresponde a las obras sociales, que manejan los gremios. El aumento, que pocas compañías podrán pagar sin ajustar su planta de personal, se cobraría a partir del 1 de julio y sería fijado por decreto de necesidad y urgencia. Mien-tras tanto, anoche comenzó una serie de huelgas en las empresas de servicios públicos: inauguró Luz y Fuerza con un paro de 24 horas en el sector eléctrico.
El acuerdo entre Eduardo Duhalde y la CGT de los «gordos» -que encabeza Hugo Moyano-ya está sellado: el martes se firmará el acta por la cual habrá un aumento de salarios de $ 100 para todo el sector privado, que debería cobrarse a partir del 1 de julio. Será una suma sobre la cual no se pagarán contribuciones, salvo el aporte a las obras sociales, las cajas de los sindicalistas. Eso sí, Duhalde no debe pensar que a través de este pacto conseguirá la paz social: anoche Luz y Fuerza (Oscar Lescano) comenzó un paro en el sector eléctrico que afecta a todas las empresas metropolitanas. Es el comienzo en una cadena de protestas que envolverá a todas las empresas de servicios públicos.
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Es cierto que Duhalde estuvo entusiasta y hasta emotivo después de reunirse con los empresarios nacionales de la Asociación Empresaria Argentina (AEA): identificó a estos hombres de empresa como uno de los pilares del país, tal como él lo imagina. Ellos le habían pedido, además de un seguro de cambio para hacer frente a sus deudas externas, que no dispusiera por decreto un aumento universal de salarios: «Deje que cada sector o cada empresa realice su propia negociación según cómo lo encuentre la crisis» le pidieron. El Presidente asintió. Por eso se espera que para el martes haya un comunicado de repudio por parte de esta agrupación.
Algunas entidades empresariales ajenas a la anterior, en cambio, concurrirán al Ministerio de Trabajo a firmar el acta de acuerdo sectorial: allí estará la Cámara Argentina de Comercio, ABAPRA (bancos públicos y privados), la Cámara de la Construcción (aunque por lo bajo hayan aclarado que suscribirán el aumento, pero no lo pagarán por la situación crítica en que se encuentran sus empresas). Entre los interrogantes que se abren a partir de este «salariazo» del Presidente (uno principal es su efecto sobre el nivel de desempleo) está el que se refiere a la conducta que seguirá el sector de empleados públicos. Si bien Andrés «Centauro» Rodríguez, sindicalista de UPCN, prometió no reclamar la suba, ya comenzó una campaña para la recuperación de 13% que se redujo en los salarios de empleados del Estado el año pasado.
Mientras se planifica este aumento no remunerativo en toda la actividad privada, las empresas de servicios públicos comienzan a registrar una conflictividad interna creciente. Comenzó por los empleados de compañías eléctricas.
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