El plan alienta la informalidad

Más allá de las reiteradas manifestaciones acerca de la necesidad de reducir la evasión y la informalidad, lo cierto es que la política pública no sólo ha facilitado muchas veces la operación de los evasores, sino que los alienta permanentemente a salirse del sistema formal. El nuevo plan anunciado recientemente no es una excepción, ya que introduce «premios mayores» a todos aquellos que no solamente evaden al fisco, sino también a los que no cumplen siquiera los contratos entre particulares. Esta vez, en efecto, no sólo se extiende el perdón a los que no pagaron impuestos por la vía de pagar menos (con bonos) o no pagar (capitalizando deuda), sino que se introduce la compensación de deudas entre morosos (bonos vencidos del Estado con deuda que registren los particulares con el Estado), y se ordenan quitas a los morosos con el sistema financiero.

Quienes no tengan deudas impositivas no se beneficiarán, por supuesto, de la mejora patrimonial. Tampoco se beneficiarán los deudores del sistema financiero que hayan cumplido regularmente con sus compromisos. Finalmente, los bonos basura (bonos que no se pagan) podrán ser compensados con deuda basura (la deuda que los particulares no pagan). La mejora patrimonial de los deudores en parte proviene de hacer explícito el valor de mercado de deudas incumplidas (bonos públicos, deuda impositiva). Pero, en parte, también la mejora proviene de transferencias de los acreedores y de los contribuyentes. En cualquier caso, el juego pone de relieve que la regla en la Argentina es: más vale jugar al límite y no cumplir con los compromisos impositivos y financieros, porque sólo en ese caso uno se hace acreedor al «premio al evasor».

Incentivos

Si estos comentarios generales no ilustran suficientemente el punto, vale la pena dar una rápida mirada a los incentivos que enfrenta cada individuo, después de las recientes medidas, para aportar o no al sistema de seguridad social. Es claro que cualquier trabajador formal con un nivel medio o alto de educación tenía hasta ahora fuertes incentivos a evadir sus aportes previsionales. ¿Por qué? Simplemente, porque para recibir los beneficios de la seguridad social, hay que aportar por el conjunto de todos los «subsistemas», aunque únicamente se reciban los beneficios de algunos de ellos. Así, por ejemplo, el aporte se realiza por todos los conceptos: jubilación, obra social, PAMI, asignaciones familiares, fondo de desempleo. Sin embargo, sólo algunos reciben los pagos por asignaciones, las prestaciones por desempleo, etcétera.

En el caso particular de las asignaciones familiares, los nuevos cambios (decretos 1.382 y 1.407/01) establecen que la asignación se recibe independientemente de que se realicen o no aportes. Ello no sólo vale para los pagos por hijo, sino también por escolaridad, que se realizan ahora en forma universal para formales, informales e inactivos. Si se pueden recibir beneficios sin hacer el aporte, este último pasa a ser un impuesto puro financiado solamente por los trabajadores formales. En ese caso, como en todo impuesto, se aporta únicamente si la administración tributaria ejerce los controles y la presión adecuada, pues se eliminó el incentivo personal.

Beneficio

El mismo decreto introduce, además, un beneficio para los mayores de 70 años -al comienzo 75 años(1)-. Se trata de una suerte de jubilación mínima de 100 pesos, independientemente de haber hecho o no aportes al sistema de previsión. Hasta ahora, la prestación por edad avanzada establecía que si se aporta un mínimo de diez años, pero menos de 30, se tiene 70% de la PBU más lo que se acumule en proporción a los años por otros conceptos. Por el Decreto 1.382/01, si no se aporta nada ahora, igual se obtienen 100 pesos, es decir, 50% de la PBU. Dejando de lado el incentivo a aportar o no por capitalización, el beneficio de aportar para obtener la prestación pública es, por lo tanto, siempre negativo, excepto para quienes tienen poco menos de 10 años de aporte o poco menos de 30 años.

Si, además, se observan las reformas recientes en el sistema de previsión, todas apuntan a eliminar la PBU para aquellos que más acumulen; es decir, en los hechos, para quienes aporten durante los 30 años requeridos una suma superior al mínimo. En el futuro, podría no sólo confiscarse la PBU, sino también la PC (para un expropiador, no hay límites «razonables»). El mensaje vuelve a ser claro: cuanto mayor es el nivel de formalidad, es decir cuanto mayores sean los aportes, menor será la probabilidad de percibir la prestación pública.

Normativa

Un ejercicio que realizamos en FIEL considerando los pagos que efectúa un trabajador formal y los ingresos que recibe de la seguridad social, muestra(2) que para el régimen hasta ahora vigente todo trabajador soltero o solo y para cualquier nivel de ingresos, los beneficios descontados de aportar son menores que los costos. Lo mismo vale para los trabajadores casados con hasta dos hijos, con ingresos laborales promedio. Sólo los casados de muy bajos niveles de ingreso tenían hasta ahora el incentivo para aportar. Las nuevas medidas reducen aún más esta baja probabilidad de ser formal. Ello ocurre no tanto por cambios en el beneficio promedio, sino porque aumenta el incentivo a ser informal (cobrando el beneficio sin realizar aportes).

En suma, no podemos esperar, en ausencia de un mejor diseño, que la tendencia a la informalidad cambie, y se reduzca la evasión. Los asalariados informales eran 20% del total en el año 1980, y hoy suman casi 40%. Los nuevos decretos encierran la idea, básicamente errónea en economía, de que los incentivos no importan. Sin embargo, tarde o temprano, tolerar o premiar al evasor lleva al incumplimiento de las normas. Si la Argentina va a «vivir con lo nuestro» por algún tiempo, sería bueno retornar rápidamente a una normativa más previsible en materia tributaria y previsional, absteniéndose de premiar recurrentemente a quienes están fuera de la legalidad.

(1) Desde el punto de vista del sistema, no importa que por algún tiempo únicamente lo cobren los mayores de 75 años, pues en el mediano plazo vale para mayores de 70 años. (2) FIEL, «La economía oculta en la Argentina». Setiembre 2000.