Empieza festín de acusaciones

La oposición descubrió que hay clima y medios para hacer lo que antes hacía el gobierno, arrinconar adversarios con denuncias. Ahora, los radicales apuntan hacia el nuevo secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, por su actuación en el INTA. De esa repartición depende la fundación ArgenINTA, que recibe fondos públicos y donaciones, y hay dudas sobre su destino. El macrismo pide en el Congreso se explique por qué relevaron al jefe de la AFIP en Comodoro Rivadavia, porque creen que puede tener que ver con empresas amigas. También la UCR ha pedido se indague sobre el affaire Siemens y la estatización de Aerolíneas.

Carlos Cheppi, el nuevo secretario de Agricultura y ex jefe del INTA, empezó con problemas su relación con la oposición en el Congreso. Los senadores radicales ya lo acusan de haber utilizado la Fundación ArgenINTA para manejar fondos de otras dependencias del Estado y contratar personal para otras áreas del gobierno que nada tienen que ver con la investigación agropecuaria.

No es el primer funcionario que tiene problemas con ArgenINTA, aunque en este caso la situación es más complicada que en otras ocasiones ya que Cheppi controlaba esa fundación. ArgenINTA fue creada para recaudar fondos destinados a proyectos de investigación y desarrollo de la agroindustria, sin las molestias administrativas que implica una repartición pública. Pero esa fundación terminó administrando fondos de otros organismos públicos. Una de las usuarias del sistema habría sido Romina Picolotti, que giró a ArgenINTA parte de su presupuesto para que desde allí se pagaran decenas de contratos de nuevos empleados, nuevamente sin las restricciones administrativas que impone la estructura puramente estatal.

Ahora los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz se basaron en denuncias penales ya existentes sobre el uso de los fondos de la fundación -una de ellas generó el secuestro de documentación por orden de María Romilda Servini de Cubría- y del informe de la Auditoría General que alertan sobre irregularidades para pedir que a través del Decreto de Acceso a la Información Pública (el 1.172/03, el mismo por el que consiguieron finalmente que el gobierno les entregara la documentación sobre el Caso Greco que permitió que el juez de la causa diera marcha atrás con la orden de pago a los mendocinos) se informe sobre los movimientos de fondos tanto en el INTA como en ArgenINTA.

«Estamos solicitando detalles sobre las contrataciones que por medio de ArgenINTA se han llevado adelante en diferentes organismos públicos. También de las medidas que el INTA como organismo técnico ha desarrollado frente a la extensión del cultivo de soja», explicó Morales.

Sin transparencia

Para Morales la maniobra es simple: «El uso de convenios de asistencia técnica o profesional es la mejor forma que encontró el kirchnerismo para evitar cualquier tipo de control o auditoría del gasto público, con las consecuencias en la falta de transparencia que ello acarrea».

Para Sanz, los responsables del problema son tanto Cheppi como Picolotti: «Tanto el INTA como la Secretaría de Medio Ambiente y la de Agricultura, el SENASA y otros organismos abusan de ese instrumento».

El uso de la fundación como «contratadora» de personal para el resto del gobierno no es la única acusación que recayó sobre Cheppi. Los radicales le pidieron también a la Secretaría de Agricultura que detalle «las estrategias y lineamientos trazados en relación con el mejoramiento de la producción agropecuaria regional y la sustentabilidad del cultivo de soja» y los proyectos en ejecución o a ejecutar con el objetivo de mitigar el impacto ambiental de ese cultivo.

Otro capítulo tiene como protagonista a Hugo Chávez y el convenio de cooperación agrícola que firmó con la Argentina: Morales y Sanz le pidieron a Cheppi, mediante el Decreto de Acceso a la Información, que precise las posibles gestiones realizadas por él mismo con el gobierno de Venezuela. Esa cooperación con el bolivariano incluyó la transferencia de tecnología del INTA para producir soja en suelo venezolano -un país que tiene un déficit de alimentos grave-, pero nunca llegó al Congreso un informe sobre cuánto se invirtió o cuál fue la contraprestación obtenida.

Además de todas esas sospechas, hay dudas en el Senado sobre la forma en que funciona ArgenINTA, y más aún cómo puede controlar el Estado a una institución que recibe fondos públicos pero que no está alcanzada por la contabilidad pública. Por eso se exigieron precisiones sobre su constitución, quienes son sus asociados, los integrantes del consejo de administración, su patrimonio, presupuesto, el listado de las donaciones que recibe.

Pero la exigencia central del pedido es saber cuáles fueron las contrataciones que hizo ArgenINTA desde 2002 hasta ahora.