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En el sector, esta medida se lee como un paso en favor de las firmas medianas que hace meses pretendían que un organismo oficial interviniera en el conflicto para mediar en un problema que afecta a 5 millones de usuarios en el país.
Según la secretaria, en su dependencia se habían «recibido numerosas quejas y reclamos de usuarios que vienen sufriendo una degradación del servicio en ciertas rutas nacionales, con bajas velocidades de interconexión o imposibilidad de conexión en momentos de picos de tráfico».
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