Miguel Ángel Pesce.
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Ayer no fue un día más en el BCRA. Enojados por lo que consideran que es una mala jugada por parte de las entidades financieras, algunos directores del BCRA pusieron el grito en el cielo y se cruzaron con los banqueros. La línea de crédito que pensaron para asistir a las empresas en la proeza de pagar los salarios de comienzos de abril pareció arrojar magros resultados por lo que ellos entendían que era un desinterés supino por parte de las entidades. En el cálculo inicial, la medida buscaba volcar unos $ 120.000 millones en préstamos. Pero en la entidad rectora tomaban nota de poquísimas líneas otorgadas y de gruesa desesperación por parte de los empresarios.
Es que hace una semana, en la reunión de directorio, el Banco Central determinó que las entidades financieras debían otorgar líneas de crédito especiales para pymes a una tasa del 24%, con el objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a combatir los problemas financieros que genera la crisis del coronavirus. La idea era asistir a esas mismas empresas para que pudiesen pagar salarios a pesar de registrar una magra facturación.
Según el Central, todas las entidades financieras del sistema podrían ofrecer una linea especial de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a una tasa de interés anual máxima del 24%. Sin embargo fueran algunas entidades de capital público las que comenzaron a activarlo. El Banco Provincia, el Banco Nación y el Banco Ciudad incorporaron la posibilidad de prestar al 24% (el Ciudad incluso bajó aún más su tasa), pero en opinión del BCRA las entidades privadas fueron más renuentes.
Para aumentar “su capacidad prestable”, el BCRA había establecido que las entidades deberían desprenderse de una parte de su posición en Leliq. Al mismo tiempo, en el caso de las entidades que activasen esta línea de crédito especial, el BCRA reduciría el monto de sus encajes, incrementándole aún más la disponibilidad de recursos para financiamiento. Estos préstamos apuntan especialmente a financiar capital de trabajo de las empresas en la presente coyuntura, como ser pago de sueldos y cobertura de cheques diferidos.
Por otro lado, desde la entidad que conduce Miguel Pesce, se dispuso la flexibilización, de manera provisoria, de los parámetros con los que son clasificados los deudores bancarios. El sistema de clasificación vigente tiene en cuenta, entre otras variables, la cantidad de días de mora de cada deudor. Hasta septiembre de 2020, a la clasificación de cada deudor se le añadieron 60 días de plazo para cada categoría, permitiendo contemplar las dificultades ocasionadas por la crisis en diversas ramas de la actividad económica.
“Para sostener la capacidad prestable, se suspendió hasta el 30 de junio la posibilidad de la distribución de resultados por parte de las entidades financieras”, agregó la entidad en un comunicado.
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