En diez días definen aumentos en tarifas

Entre hoy y el viernes 19 se definirá la actitud que adoptará finalmente el gobierno de Eduardo Duhalde con relación a las empresas privatizadas. La información que surge de los funcionarios oficiales es por ahora contradictoria y confusa.

El ministro Roberto Lavagna dijo el lunes que hay «un acuerdo» con las privatizadas para que haya «algo» de aumentos, «de manera progresiva, pautada y pausadamente», y «en algunos casos la prolongación de los contratos para compensar por esa vía lo que no se dará por tarifas».

Esta afirmación tiene varios aspectos por lo menos llamativos:

• Las empresas de servicios públicos esenciales como luz, gas y agua tienen contratos por varias decenas de años, con lo cual la compensación por esa vía es prácticamente imposible. Por ejemplo, a las eléctricas como Edenor, Edesur y Edelap les quedan 85 años de concesión.

• El gobierno probablemente podría resolver un aumento de tarifas considerando la suba de costos por la devaluación vía un decreto de necesidad y urgencia. Pero, si se propone abrir los contratos para estirar los plazos o modificar inversiones obligatorias, la decisión tiene que pasar por el Congreso, porque así lo indica la Ley de Emergencia Pública, con lo cual no podría haber subas a partir del 1 de agosto.

• Además de los aumentos a las privatizadas, están pendientes una suba del gas en boca de pozo, que venden las petroleras, que debe aplicarse con retroactividad al 1 de este mes, ya que sólo se fijó el precio para mayo y junio, y un aumento en el precio mayorista de la electricidad a partir del 1 de agosto, cuando corresponde por ley la revisión trimestral de ese valor.

• Esto significa que las subas en esos dos servicios serían mayores a los porcentajes de 2% a 10% que dejaron trascender allegados a la comisión renegociadora, que por ahora tiene un solo integrante nombrado, Miguel Sanguinetti.

Esas mismas fuentes habrían asegurado que hoy la comisión deberá presentar a Lavagna diversos escenarios con aumentos posibles de tarifas, para luz, gas, agua, teléfonos y transporte público, aunque este último sector no tiene contrato para renegociar y ya recibió recientemente un subsidio de 1.000 pesos por unidad.

La presunta intervención de la comisión renegociadora -dato que no fue públicamente mencionado por Lavagna-se complicaría no sólo con el Congreso. Se da como seguro que si se autorizan subas de tarifas con aval de esa comisión, tanto el defensor del pueblo, Eduardo Mondino (que ya renunció a la comisión), como el representante de las asociaciones de usuarios, Ariel Caplan, presentarán recursos de amparo en la Justicia.

«Hay que ver cuál es el grado de decisión política de avanzar en este tema», dijeron en una privatizada. Y agregaron que «cada vez que la Justicia terminó imponiendo un criterio distinto, esto no le venía mal al gobierno, le era funcional».

Otro dato sugestivo es que la comisión renegociadora integrada por Sanguinetti sólo mantuvo encuentros de presentación con algunas empresas. De este modo, cualquier escenario que elabore ese organismo partirá de los datos realizados durante la gestión de Jorge Remes Lenicov, donde se llegaba a que sólo hacían falta aumentos menores de tarifas, o nada en varios casos, porque se consideraban sólo costos variables. Esto es, se dejaban fuera del análisis: deuda, intereses, inversiones y parte de los costos de mantenimiento. Y se recomendaba la eliminación de la remuneración al opera-dor técnico.

Dentro de las empresas hay quienes sostienen que «la afirmación de Lavagna sólo apunta a satisfacer algunos de los plan-teos formulados por el Fondo antes de que arribe la nueva misión negociadora», pero que «la posición del ministro sigue siendo no aplicar aumentos de tarifas hasta que se firme el acuerdo con el FMI porque teme por el impacto inflacionario de los ajustes, en un contexto de incertidumbre sobre el tipo de cambio».

Según esa fuente, «como acuerdo con el FMI no va a haber, y encuentros con las empresas no hubo, hay dudas de que se esté pensando seriamente en un acomodamiento de las tarifas».

Sin embargo, el presidente Duhalde se había comprometido ante el Comité de Inversores Extranjeros a dar una respuesta sobre los avances en la revisión de los contratos antes del próximo viernes 19.

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, firmó a mediados de junio un acuerdo con las petroleras, en presencia del propio Lavagna, que contempla, entre otros puntos, el aumento del gas para la industria a partir del 1 de este mes, a cambio de mantener congelado el precio del producto para residenciales.

Bajo esas premisas, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) habría elaborado una propuesta que elevaría esta se-mana a Economía. En la misma se contempla la suba no sólo del gas, sino también de los márgenes para transportistas y distribuidores. Mientras el gas se quedaría congelado para hogares hasta el 30 de setiembre, las remuneraciones de transportistas y distribuidores se ajustarían para los consumos medios y máximos del sector residencial, quedando congeladas las tarifas para 30% de los clientes domésticos.

Según fuentes del Enargas, esta vía es posible legalmente porque, «al no haber incumplimientos en los contratos, sólo hace falta resolver un ajuste de los márgenes».

Sin embargo, Lavagna no mencionó la posibilidad de aumentos diferenciales para residenciales y para los sectores industriales beneficiados con la devaluación y la suba de precios, esquema que también podría aplicarse a la electricidad. Su mensaje tampoco parece contemplar que las empresas telefónicas piden, en primer lugar, un aumento en las llamadas internacionales, las cuales son cursadas en más de 80% por usuarios no residenciales.

Como estos temas ya habían sido mencionados en el Palacio de Hacienda y luego desmentidos por Lavagna públicamente, en las compañías privatizadas se teme que ahora el ministro esté intentando de nuevo «una maniobra distractiva, en parte porque esto coincide con los deseos de Duhalde».