En enero, en Capital ya emitirán los nuevos DNI

Apartir de enero, la empresa Siemens volvería a procesar los nuevos DNI, cuya confección suspendió al asumir el actual gobierno después de sólo un mes de actividad en que realizó documentos únicamente para extranjeros. El nuevo documento, que en principio se emitiría sólo en la Capital Federal, costará 27,50 pesos o un poco más si el gobierno decide recaudar por esta vía los recursos para financiar al personal necesario para el nuevo esquema.

El precio de 27,50 pesos incluye IVA y envío a domicilio, bajaría a 24 pesos en caso de no envío, mientras actualmente el DNI cuesta 25 pesos con envío y 15 pesos sin él, a lo que hay agregar un gasto por la foto que ya no puede ser llevada por el solicitante.

La modificación del contrato ya fue terminada entre el Ministerio del Interior (la negociación la encaró César Martucci, dentro del equipo de Federico Storani) y representantes de la empresa alemana, y se encuentra actualmente bajo análisis en la Procuración del Tesoro y en la SIGEN.

El decreto modificando el contrato original firmado durante la gestión de Carlos Menem podría estar listo a media-dos de diciembre. Sin embargo, hay indicios de que todavía falta resolver un aspecto clave: el precio al público del nuevo DNI.

Costos

El valor fijado en el contrato original era de 30 pesos incluyendo el IVA y el envío a domicilio. De ese total, 5,2 pesos correspondía al impuesto y el resto, 24,8 pesos a Siemens, que debía destinar parte de esos recursos a subcontratistas, incluyendo la empresa postal.

Ahora, en el nuevo entendimiento entre el gobierno y la subsidiaria alemana, ésta se quedaría con 22,8 pesos en el caso de envío a domicilio y con 3,50 menos si no hay envío, porque en este esquema la recepción en el domicilio del solicitante es opcional, en tanto era obligatorio en el original.

Lo que todavía no está claro es si el precio al público resultará de sumar $ 22,8 más el IVA en caso de envío, lo que daría un total de $ 27,5, o si el valor será más alto porque el Estado se quedaría con la diferencia para cubrir las necesidades de financiar el esquema que exige entre 40 y 50 millones de pesos anuales.

En principio, esa cifra ya está en el presupuesto del 2001, pero dentro del gobierno se buscaría eliminar ese gasto por lo que el precio al público podría seguir siendo de 30 pesos. De todas formas, también se evalúa que el gasto en personal que demanda el sistema (los 40 a 50 millones anuales) se compensarían con el IVA que hoy no se cobra, de modo que para el Estado el resultado sería neutro.

También queda por definir a través de qué método se recaudará el dinero por los DNI y cómo se repartirá. En principio, se constituiría un fideicomiso con lo recaudado por los registros civiles, y una entidad financiera administraría entregarle al Estado su parte por el IVA o por otro elemento, si se agrega, y a Siemens el resto.

En este sentido, la empresa quiere asegurarse que percibirá el dinero por los DNI; por eso insistiría con la constitución de un fideicomiso.

En la negociación, el gobierno obtuvo un aumento de los DNI gratuitos que emitirá Siemens, estimándose que pasarán de 75.000 a 160.000 por año. Pero la cifra no se medirá en términos anuales, sino que la empresa quedaría comprometida a emitir unos 960.000 documentos en cada período de seis años que contempla el contrato.

Esto significa que la cifra podría cumplirse en los dos o tres primeros años y después quedaría un período sin posibilidad de acceder a DNI gratuitos para personas que demuestren su imposibilidad de pago.

El nuevo esquema tiene otros aspectos discutibles. La rebaja del precio del documento y el aumento en la cantidad de DNI gratuitos se pactó a costa de una extensión de los plazos para la informatización de parte de los puestos fronterizos y para llegar con los nuevos DNI a todo el país.

Así, a principios de enero podrán obtener el nuevo DNI los ciudadanos que lo gestionen en el Registro Nacional de las Personas ubicado en la Capital Federal, en la avenida Jujuy. Pero se demorará el tiempo de incorporación de cada provincia, dependiendo esto también de las autoridades provinciales en tanto éstas deben firmar el acuerdo correspondiente y de hecho resignar recursos que se generan en los registros civiles.

Paradoja

Esta situación deriva en la paradoja de que quien deba sacar necesariamente su DNI en una provincia, recibirá, en algunos casos durante dos o tres años, según se estima, el documento viejo, aun cuando el objetivo del contrato es que en un período de 12 a 18 años, como máximo, todos los habitantes cuenten con el nuevo documento que ofrece mayores condiciones de seguridad.

La inversión de Siemens y de los subcontratistas asciende a unos 240 millones de pesos para este proyecto. El contrato es a seis años, renovables por períodos iguales, e incluye la informatización de una parte de los puestos fronterizos y la confección de los padrones electorales, con los ingresos obtenidos por los DNI. Se estimaba que el contrato original implicaba ingresos para Siemens por unos 900 millones de dólares en 10-12 años, como mínimo.

Ahora, el ingreso se vería reducido en alrededor de 10% y se recaudaría en un plazo un poco más largo.