Bernal: "Estamos revisando el caos tarifario que heredamos para que se paguen tarifas justas y razonables"

Economía

En diálogo con Ámbito, el funcionario traza un ajustado diagnóstico de la situación del sector y postula desafíos tanto para la política tarifaria como también para la de energía.

Periodista: ¿Cuál es la mirada que tiene de la política energética?

Federico Bernal: Al igual que con la política tarifaria, tenemos que tener identificados los problemas heredados, para saber cómo resolverlos y poder salir a flote, más aún en este contexto tan complejo. Con un agravante: Macri, Lopetegui y Aranguren se cansaron de mentir en materia energética. Quiero decir, salir a flote con soluciones y con nuevas políticas que reviertan el masivo empobrecimiento energético de la ciudadanía, pero también salir a flote con la verdad. Un caso paradigmático del nivel de mentira al que nos sometieron pasó por la cuestión de la autosuficiencia energética.

P.: El expresidente Macri solía señalar que durante su gobierno la autosuficiencia fue récord...

F.B.: No es así. ¿La verdad? Entre 2016 y 2018 -datos oficiales de Macri-, las importaciones de energía se expandieron un 33%. Una expansión que se daba en pleno proceso de contracción económica, industrial, productiva y del consumo. En 2019, su cuarto y último año, las importaciones de energía cayeron interanualmente, es cierto, pero ubicándose como estaban en 2016. Entonces, ¿ganó autosuficiencia energética el macrismo? Todo lo contrario. Empeoró, porque con una economía destrozada y una demanda en picada retrocediendo cinco, diez o más años según si hablamos del gas por redes, el petróleo para refinar o los combustibles, Macri dejó el gobierno importando lo mismo que cuando asumió. Un dato clave sobre este tema imposible de soslayar: Cambiemos importó un 11% más de petróleo que el importado durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, la administración que prometió autosuficiencia petrolera importó más petróleo que durante los ocho años inmediatos anteriores (nuevamente, con el agravante de haberse dado en un marco recesivo y de estancamiento primero y de caída de la demanda después).

P.: Hace unos días, el senador Naidenoff, durante el debate por el DNU 1053 en el Congreso, afirmó que las empresas habían absorbido la mitad de la deuda generada en 2018 por la megadevaluación de aquel año, derivada de la dolarización del precio del gas. El 50% restante, dijo, fue absorbido por el Estado nacional.

F.B.: Eso es falso. El Estado absorbió el 100% de esa deuda. Con un detalle nada menor: la cancelación del monto y que supera los 300 millones de dólares se fijó en 30 cuotas a partir de octubre de 2019 (el DNU fue de octubre de 2018). Cuatro días antes de irse, Macri pagó la primera cuota; las restantes 29 quedaron a este gobierno y para ser pagadas en 2020, 2021 y 2022.

P.: ¿Cuáles son los aportes que se están haciendo desde el ENARGAS?

F.B.: Estamos trabajando en propuestas que signifiquen una disminución en las facturas que pagarán los usuarios y las usuarias este año en los meses de invierno, vía descuentos en el precio del gas. También presentaremos una iniciativa para la duplicación de los consumos cubiertos por la tarifa social. En igual dirección, hay más de una docena de proyectos que están elaborando las comisiones de usuarios que creamos -un total de ocho desde el 17 de marzo que asumió esta Intervención-. Es la primera vez en la historia del ENARGAS que tanto los sectores neurálgicos para el normal funcionamiento del país como los sectores más vulnerables cuentan con un espacio oficial propio y permanente que funciona en el seno del Organismo. El ENARGAS había olvidado que su primer objetivo es la protección de los derechos de los usuarios y las usuarias. El Ente estaba arrasado, como el país, y los estamos reconstruyendo, como nuestro gobierno al país.

P.: ¿Cómo se encuentran las obras de infraestructura en las provincias?

F.B.: Trabajamos en una masiva reactivación. Le he comentado al Presidente que existen aproximadamente unos 150 millones de dólares de caños y equipos ya comprados y pagados que se pueden utilizar. Esto porque Aranguren paró las obras de ampliación y no previó su destino. Estamos trabajando con las transportistas y las distribuidoras, pero también con los gobiernos provinciales y municipales. Entre los proyectos más importantes destacamos: el gasoducto Mercedes-Cardales, ampliaciones sobre el gasoducto San Martín, el gasoducto Norte en Santa Cruz, el Regional Sur en Santa Fe, el gasoducto de la Costa en Buenos Aires y gasoductos en Mendoza y Catamarca. Un par de proyectos los pensamos también para darle aún más salida al gas fronteras afuera, aunque considero que Vaca Muerta tiene que sostenerse en la exportación de crudo (satisfecho siempre el mercado interno), monetizando el gas natural mediante una revolución de la industria petroquímica nacional.

P.: Y la comercialización del gas natural en el país?

F.B: Estamos brindando nuestra opinión. Queremos mejorar el mecanismo para la demanda prioritaria, en el marco de nuestra competencia y de la Ley 24.076. Hemos creado mesas de trabajo permanentes con distribuidoras y productoras, algo nunca hecho en la historia del ente. Queremos y necesitamos que a las empresas les vaya muy bien. Queremos y necesitamos que la ciudadanía tenga un servicio público de calidad, cuyo acceso vuelva a ser universal, que se convierta en una herramienta para el desarrollo socioeconómico, productivo e industrial, expandiéndose a los millones que hoy por hoy no tienen gas por redes. Es totalmente posible.

P.: Usted viene de presentar una denuncia contra el exministro Aranguren…

F.B.: La denuncia que presenté a la Justicia -y que fue requerida por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán-, es por posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por negociaciones incompatibles con la función pública. Respecto del primero, porque consideramos se habría violado la Ley 24.076 regulatoria del gas. Además, los exdirectores del ENARGAS incumplieron intencionalmente sus obligaciones específicas como integrantes del ente regulador. En cuanto al delito de negociaciones incompatibles con la función pública, se aplica al caso porque los exfuncionarios denunciados intervinieron en la fijación de un precio que debía surgir de una negociación privada, esto es, entre la oferta y la demanda. Y acá una aclaración: el precio es libre, pero no es libre el precio que se traslada a tarifa.

P.: Usted ha insistido con la existencia de una suerte de presunto pacto promovido desde el ex Ministerio de Energía…

F.B.: El origen de estos posibles delitos fueron las denominadas “Bases y Condiciones” suscrito en noviembre de 2017. Allí se fijaron precios uniformes para cada una las cuencas (algo absolutamente extramuros de la libre competencia y contrario a los diferentes costos de extracción y por empresa en cada una de ellas), volúmenes específicos y todo por un plazo de dos años, con fijación de los contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, inédito en la comercialización del recurso, para luego asegurar su pase a tarifa preservándolos así de toda fluctuación en una economía sumida en la inflación, así como en el descontrol creciente y palpable del tipo de cambio.

P.: ¿Qué se está pensando para la tarifa del servicio público de gas por redes?

F.B.:Tenemos que terminar el proceso de revisión y auditoría que nos encomendó el Presidente de la Nación. Siempre recuerdo unas declaraciones suyas de febrero de este año cuando explicó que el primer paso es revisar cómo se hizo la RTI, para luego decidir qué hacer. Bueno, estamos en medio de ese proceso. Es decir, revisando para decidir qué hacer con el caos tarifario heredado y cómo salir de él para que los argentinos y las argentinas tengan tarifas justas, razonables y asequibles. Cuando digo asequibles me refiero a que puedan ser pagadas.

P.: Hay un fallo del año 2016…

F.B.: El fallo de la Corte de ese año fue contundente y preclaro en este sentido: los servicios públicos de la energía son esenciales para la comunidad pues a través de ellos la ciudadanía satisface el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos. En otras palabras, los servicios públicos del gas por redes y la electricidad son derechos humanos. Macri, Aranguren y quienes lo sucedieron pensaban y obraron diferente: los servicios públicos y la energía son un negocio.

P.: ¿Eso no llevaría a las empresas a un deterioro en términos de su rentabilidad?

F.B.: En absoluto. Las tarifas deben permitirles a las licenciatarias invertir y, por supuesto, tener ganancias, pero ganancias justas y razonables, en paralelo a una expansión del servicio público masiva para llegar a los cerca de 5 millones de usuarios y usuarias potenciales que todavía carecen de este servicio. A propósito, no puedo dejar de recordar que la expansión del sistema licenciado de transporte de gas incorporó con Macri 48 kilómetros de cañería nueva, siendo que entre 2012 y 2015 se incorporaron 653 kilómetros y entre 2008 y 2011 unos 1.514 kilómetros. Asimismo, con Macri, la expansión del sistema de distribución medido en incorporación de nuevos usuarios residenciales se desplomó un 38% en relación a los cuatro años anteriores (de un crecimiento de 661.995 nuevas conexiones se pasó a 411.307 nuevas conexiones).

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