Escándalo I: van a la Justicia subsidios por $ 300 millones

Economía

El gobierno no terminó de digerir aún las investigaciones de senadores del radicalismo sobre el polémico pago de $ 578 millones que estuvo a punto de realizarse a los ex integrantes del Grupo Greco. A esa ofensiva agregará ahora la UCR un pedido a la Justicia para obligar a Ricardo Jaime a informar sobre el destino de $ 300 millones que se sumaron como subsidios a empresas de transporte y camioneros de Hugo Moyano. Es parte de su batería para seguir complicando a Kirchner en 2007.

El radicalismo comenzará a preparar esta semana la batería de investigaciones y denuncias con que empezará el año legislativo la primera semana de febrero. Ese menú, que incluía hasta diciembre pasado el polémico trámite de pago a los ex integrantes del Grupo Greco de una deuda por $ 578 millones y la dudosa expropiación del inmueble que fue el Policlínico Ferroviario a José Pedraza, estará ahora encabezado desde febrero por las preguntas sin responder que Ricardo Jaime dejó en el Senado sobre los subsidios al transporte que el gobierno multiplicó en 2006 y en especial el último tramo de $ 300 millones de incremento. Esos temas serán la batería central de ataque de la oposición desde la primera semana de febrero.

El radicalismo, encabezado por el jujeño Gerardo Morales, comprobó durante los últimos meses de 2006 que podía complicar al gobierno apuntando a algunos temas urticantes que habían llegado al Senado desde el Poder Ejecutivo.

Sin duda, el más complicado de todos, por las repercusiones internas que aún continúa teniendoen la Casa Rosada y en algunos ministerios, fue el escándalo que se inició con un simple pedido de autorización para incrementar en $ 1.300 millones la emisión de títulos de deuda prevista para el año pasado.

En el destino de esos nuevos bonos aparecía mencionado un rubro de «pago a proveedores» que no convenció a los senadores de la oposición. De hecho, este diario adelantó en ese momento que no aparecía suficientemente justificado el millonario pago por realizarse dentro de otra lista de deudas del Estado.

Surgió entonces la existencia de una orden de pago a nombre de integrantes y herederos del ex Grupo Greco, y el gobierno decidió inmediatamente dar marcha atrás con el pago, con una velocidad que alimentó aun más las sospechas.

El problema, entonces, no estuvo en el Congreso sino en el trámite de autorización del pago de esa deuda dentro del gobierno y en especial el procedimiento dentro del Ministerio de Economía. Esa situación fue la que provocó mayor curiosidad al decidir Felisa Miceli en diciembre pasado que se investigaran cada una de las dependencias de su ministerio que intervinieron en la decisión de pago. Esa decisión se tomó después de que el radicalismo impulsara una comisión investigadora en el Senado sobre la prioridad de pago de esas deudas y la defensa que el Estado tuvo en ese caso durante las diferentes instancias judiciales que pasó desde 1987 y que todos los bloques de la misma Cámara encomendaran a la Auditoría General de la Nación que también investigara esa deuda.

  • Devolución

    La deuda final que les reconoció en 1987 el Estado a los Greco por la promesa de devolverles 10 de las empresas que les habían sido intervenidas en 1981 cuando el grupo se iba a la quiebra fue de $ 296 millones en bonos. Este monto había sido acordado durante el gobierno de Raúl Alfonsín junto con el pago de « astreintes» diarias para el caso de incumplimiento, lo que terminó incrementando el monto que, junto a punitorios e intereses, llegó a los $ 578 millones mencionados en el Congreso.

    La realidad es que hoy los integrantes del grupo aceptarían un monto inferior con tal de terminar la cuestión, y los abogados del caso -el tema de los honorarios fue otra de las cuestiones en danza- tendrían una liquidación para cobrar de otros $ 50 millones.

    En agosto de 2006, la Justicia le ordenó a Economía el pago a los Greco con la multa diaria de $ 500 y citó a Alfredo Mac Laughlin a que se presentase a declarar en una causa por desobediencia en cumplir con la sentencia original del juicio que los ex integrantes del Grupo le ganaron al Estado por incumplimiento del acuerdo firmado en el gobierno de Alfonsín.

    La defensa de los Greco argumenta que esa comparecencia de Mac Laughlin no se cumplió al punto de que los oficialistas de Justicia tuvieronque presentarse personalmente en el piso 10 del Ministerio de Economía y pegar la notificación en la puerta del despacho del funcionario.

  • Pedido

    Después de ese hecho se firmó la Orden de Pago 285 dirigida al director Nacional de Deuda Pública, ordenando cumplir con la deuda.

    Como no existían bonos disponibles, se incluyó esa deuda dentro del pedido de ampliación al Congreso con la firma de todos los funcionarios, incluida la ministra de Economía que rubricó el proyecto girado a la Jefatura de Gabinete y allí al Parlamento.

    No se explica la oposición, entonces, por qué se « escondió» el pago dentro del rubro «pago a proveedores» y mucho menos por qué Miceli ordena una investigación sobre un hecho que supuestamente recorrió los carriles normales.

    Esa investigación volverá a escena en febrero y será una de las banderas de la oposición, al igual que el proyecto de expropiación y pago a Pedraza del inmueble en Retiro que serviría para salvar al sindicalista de la quiebra de su gremio. Los radicales consideran en ese caso que la ex sede del Policlínico Ferroviario ya es propiedad del Estado por no cumplirse con el fin que estableció la donación del predio a los ferroviarios desde hace 10 años.

  • Duda

    Allí la duda es sobre un decreto que Néstor Kirchner firmó en 2005 liberando al sindicalista de esa carga forjada la donación original, abriendo el camino para que Pedraza cobrara los $ 12 millones se estima están involucrados el proceso de expropiación para destinar esa sede a la nueva Morgue Judicial. Pero a la cabeza de esos reclamos podrán ahora la falta de explicaciones por parte de Jaime en diciembre sobre los últimos $ 300 millones en subsidios entregados a empresas de transporte y al sindicato de camioneros. Los radicales presentaron el 28 de diciembre un pedido de informes sobre los controles en los nuevos subsidios entregados que aun no fue respondido y esta semana analizarán presentar una acción de amparo a la Justicia, protegidos por el régimen de la ley de información pública.

    Así apuntarán no sólo a Jaime, sino también a Hugo Moyano, como hicieron el pasado 29 de setiembre cuando presentaron ante la Oficina Anticorrupción una denuncia por mal desempeño contra el funcionario precisamente por manejo de los subsidios al transporte y a la obra social de camioneros.
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