Esta semana podrían parar las empresas de colectivos

Los empresarios del auto-transporte de pasajeros amenazan con tomar medidas de fuerza contra la decisión judicial que obligó el jueves pasado al gobierno a dar marcha atrás con el aumento de 10 centavos en la primera y segunda sección de los colectivos en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Las cámaras que nuclean a los empresarios del autotrans-porte podrían decidir el cese de los servicios nocturnos, suspender los trayectos que se consideran no rentables por la cantidad de pasajeros transportados, o directamente un «lock out» patronal por algunas horas o por 24 horas.

La decisión del juez Martín Silva Garretón respondió a un recurso de amparo presentado por el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, para que se declare ilegítimo el aumento por no haber sido discutido previamente en audiencia pública.

Mondino también pidió una medida cautelar para que se diera marcha atrás con el ajuste hasta que se resolviera el motivo del recurso.

Daño irreparable

Silva Garretón dio lugar a la cautelar, y cuando el gobierno apeló, dio lugar a la apelación en la segunda instancia pero no suspendió la orden de retrotraer las tarifas. Esto no es lo habitual en los recursos de amparo, en los cuales al iniciarse la apelación se levantan las cautelares, pero el juez consideró que por el tipo de servicio si se permite cobrar el aumento antes de que haya decisión definitiva habrá «daño irreparable para los usuarios», porque no se les podrá reintegrar el dinero si se resuelve declarar nulo el ajuste. De todas formas, el Ministerio de Economía, se presentará hoy «en queja» ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para lograr que se suspenda la cautelar antes de continuar con el procedimiento.

El presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, Héctor Tilve, afirmó en declaraciones radiales, que «con esta tarifa no podemos continuar con la prestación de los servicios, así que vamos a ver cuáles son las medidas empresarias que tomaremos».

Según Tilve, el sector «padece un déficit tarifario de 28%» y dijo que en ese marco, el boleto mínimo «debería costar 90 centavos y no 65 centavos», que es la que ahora se está cobrando.

Emergencia

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresarios del Autotransporte, Alberto Crespo, dijo que el sector ya fue declarado «en estado de emergencia» por el Poder Ejecutivo y considera que una de las soluciones a la crisis sería una rebaja de impuestos, o de lo contrario, un aumento en los bole-tos. «Habíamos solicitado desgravaciones para el sector o que se nos subsidie como a los ferrocarriles», dijo Crespo.

Por su parte, el ministro Machinea criticó la decisión judicial de suspender el aumento de tarifas y consideró que «el país está patas para arriba» cuando la Justicia debe decidir «si una política económica está bien o mal» aplicada.

Según el ministro, «éste es el único país del mundo en que un juez decide en seis horas suspender un aumento que fue discutido durante semanas y meses por técnicos de la Secretaría de Transporte», a cargo de Jorge Kogan.

En tanto, esta semana se producirán novedades en lo que se refiere al aumento en las tarifas de los trenes metro-politanos de pasajeros que implica 10 centavos más para las tres primeras secciones.

Con respecto a los trenes, el mismo Mondino inició un juicio ordinario contra el Poder Ejecutivo y pidió una medida cautelar suspendiendo el ajuste hasta que se resuelva la demanda. El juez Jorge Guglielmino, a cargo de la causa, podría tomar la decisión hoy mismo.

Si ordena una medida cautelar, ésta será de cumplimiento obligatorio para el gobierno porque el procedimiento así lo indica en caso de acción ordinaria.

Si se suspendiera también la suba en trenes, el gobierno se vería en dificultades porque las empresas no están cumpliendo inversiones comprometidas en el contrato original debido a la deuda del Estado, parte de la cual se compensará con la suba de tarifas.

Además, tampoco se pondrán en marcha los nuevos proyectos de modernización, uno de los pilares con que Machinea espera reactivar la economía. La demora en aplicar la suba podría derivar además en una mayor complicación financiera de las empresas concesionarias, con peligro de caída de la concesión, sobre todo en el Metropolitano donde a las dificultades económicas, se suma un fuerte conflicto entre los socios.