ón para que se apruebe el proyecto de ley sobre pago a jubilados, el Gobierno nacional está analizando introducir un cambio con respecto a la venta de acciones de empresas extranjeras en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Fuentes que participan en el diseño de esta iniciativa confirmaron a ámbito.com que "está en estudio la posibilidad de fijar un piso mínimo de tenencia de acciones" con el objetivo de convencer a los legisladores de la oposición.
Sólo por mencionar un ejemplo señalaron que ese tope podría fijarse en un 10%, pero aclararon que el porcentaje está sujeto a debate.
De esta manera, el Gobierno intenta dejar sin argumentos a los diputados que se oponen a autorizar la liquidación de esos activos, tal como se propuso originalmente en el proyecto legislativo, que podría obtener este jueves dictamen en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda.
Hasta este miércoles, el FGS del ANSES contaba con recursos por $ 742.543 millones, de los cuales cerca del 70% corresponde a deuda soberana (considerando también la participación en Fondos Comunes de Inversión posicionados en renta fija); un 12% en proyectos productivos o de infraestructura; y el resto en acciones (casi el 13%).
Siempre según las fuentes consultadas, se apunta a mantener esa participación en renta variable pero alterando la cartera de negocios para obtener una mayor rentabilidad.
Como argumento para demostrar que no existe intenciones de liquidar esos títulos aseguraron que "no tendría sentido vender todo" porque se está trabajando con la calificadora MSCI para que Argentina deje de ser un país fronterizo y pase a ser considerado Emergente, lo que generaría una mejora de rentabilidad en esos instrumentos financieros en el futuro.
La intención sería sólo deshacerse de acciones menos rentables para adquirir otras con mejores perspectivas. Por caso, se analizaría la posibilidad de participar de las ofertas públicas presentadas por Telecom, SolvayIndupa o Petrobras, que están en revisión en la Comisión Nacional de Valores.
Otro punto resaltado por las fuentes es que en los dos primeros años, el pago de juicios a jubilados y de actualización de haberes "está cubierto con los rendimientos de capital y por los intereses" que generan las inversiones actuales. Por lo que, de aprobarse el proyecto, la venta de acciones recién sería necesaria a partir de 2019.
Dejá tu comentario