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Por un lado el juzgado Federal de 1a Instancia de Junín a cargo de Carlos Roman Compaired, desestimó el pedido de amparo de la empresa Sigra Villegas que reclamó la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación.
Según este fallo, las circunstancias económicas no avalarían esta petición. En forma similar se pronunció ayer el juzgado Federal de Azul, que no hizo lugar al reclamo de la Sociedad Rural de Bolívar.
Según las argumentaciones del juez, la obligación de cumplir con esta norma se justifica ante el hecho de que «la percepción de las rentas del tesoro en el tiempo y modos legalmente normados es condición indispensable para el regular funcionamiento del Estado» y que cualquier posibilidad de amparos y medidas cautelares «debe ser examinado con estrictez».
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