«Voy a perder mi casa por un juicio laboral. Un empleado me está ganando una demanda que me va a costar 200 mil pesos como mínimo y puede ser mi quiebra.» El drama de un empresario pyme santafesino fue relatado a los sesenta miembros de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), que lo escucharon con más atención que al pesimista y extenso informe sobre la reforma laboral que presentó Daniel Funes de Rioja.
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La reforma laboral hoy es lo único que une a los industriales. «Si hablamos de precios, cada cual dice lo que quiere y cualquier absurdo parece lógico porque no a todos los afecta», relató un empresario. «Los textiles cargaron con 40% de aumento los precios de la colección otoñoinvierno. Si hablamos de controles, ellos no se dan por aludidos», reflexionó.
El empresario transmitía a medias el clima de desconfianza que se vive en la entidad. Todos recelan de todos. Las amenazas del gobierno los han dividido y el temor a que lo que cada uno diga llegue a oídos del gobierno los ha convertido en protagonistas híbridos de las reuniones y no arriesgan opinión.
Temor
Pero cuando se trata de la reforma laboral es distinto: el temor a perder sus empresas en un juzgado los une.
Una de las figuras de la reforma que motoriza el abogado de la CGT, Héctor Recalde, es el «ius variandi», que no permite cambiar la tarea de un empleado. Si la empresa decidiera trasladarlo o darle otra función, puede intervenir un veedor oficial para analizar si el reclamo del empleado es justificado. «Vamos a tener a los jueces adentro de las empresas», dijo indignado uno de los directores de la UIA. Otro no dejó pasar la oportunidad para recordar que Recalde es abogado laboralista y sus ingresos tienen relación directa con estos conflictos.
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