El Fondo Monetario no envió ayer el documento con las objeciones para que la Argentina logre finalmente un acuerdo con ese organismo. «El Fondo está haciendo cambios, está en un proceso de elaboración porque incorporó al documento nuevos elementos que surgen de los fallos», explicó anoche una fuente de la cartera económica.
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Hoy en el Palacio de Hacienda esperan que desde Washington surjan señales positivas en la conferencia de prensa que dará Thomas Dawson, vocero del FMI. Allí podría haber algún tipo de anuncios relacionados con las negociaciones finales y fechas eventuales de un acuerdo. «Las conversaciones siguen a nivel técnico, y el Fondo quiere precisiones sobre cómo se destrabará el tema de la aplicación del CER, y el pago de 13 por ciento a jubilados y empleados estatales», agregó ayer la fuente.
Más allá de estos condicionamientos y modificaciones al borrador de la carta que remitió a Washington hace 10 días el Palacio de Hacienda, en Economía son optimistas y aseguran que «para la gran mayoría de los puntos que el Fondo le planteó a la Argentina, hay respuesta para darle». En este contexto, la fuente destacó que, para la aplicación del CER, se han acercado las posiciones de banqueros, legisladores y deudores tendientes a no provocar ejecuciones masivas por incumplimientos de pago. La vicedirectora del organismo, Anne Krueger -de viaje por Australia-, en su contacto de hace dos días con Lavagna, le anticipó que desde el Fondo «están dadas las condiciones para reprogramar el pago de los 2.700 millones de dólares» que debe abonar la Argentina el 9 de setiembre.
Para complicar aún más las negociaciones, la Justicia Federal de Córdoba falló -como adelantó ayer Ambito Financiero-para que las casas matrices se hagan responsables del dinero de sus filiales que operan en la Argentina. El propio Lavagna aseguró días atrás que «este tipo de fallos va en sentido contrario de lo que venimos discutiendo» con el Fondo para alcanzar un acuerdo. El FMI reclama una «solución definitiva» a la salida de fondos del «corralito» por vía judicial y un cronograma estricto para la reestructuración del sistema financiero. En tanto, el documento pone en duda el cumplimiento de los pactos fiscales firmados por las provincias. «Acá hay un nudo Gordiano. Ellos piden la eliminación de los bonos como condición para otorgar el crédito, pero las provincias no los pueden eliminar si ellos no brindan financiamiento para eliminarlos», dijo una fuente gubernamental.
