Fue tensa la reunión de Lavagna con banqueros

Los banqueros le solicitaron ayer al ministro de Economía, Roberto Lavagna, que se respete su derecho de iniciar demandas judiciales contra el Estado, ante los distintos cambios que sufrió el sistema desde enero. Se trata de un tema hurticante para las entidades extranjeras, que incluso pone en peligro el actual proceso de canje, que vence el 16 de julio.

Esta posibilidad había sido eliminada en el Decreto 905/ 02, que estableció las características de la operación de canje voluntario de bonos. El artículo de la discordía es el 31, y los bancos piden su derogación lisa y llana. Lavagna, en tanto, por ahora sólo comprometió la posibilidad de que los bancos suscriban los títulos en cuestión «con reservas». Esto daría margen para seguir discutiendo el tema después del 16 de julio.

Si bien la reunión solicitada por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a las principales entidades extranjeras, tuvo ese objetivo fundamental, los banqueros también expresaron su preocupación por la proliferación de amparos. Fue Manuel Sacerdote, titular de BankBoston, quien manifestó la preocupación por el empinamiento de los recursos durante buena parte de junio y lo que va de julio.

«Compartimos esa misma preocupación, pero no es mucho lo que podemos hacer. Sólo esperar un fallo favorable de la Corte Suprema, que frene este 'goteo'», explicó Lavagna.

En junio, los amparos implicaron la salida de 280 millones de dólares, lo que obligó a los bancos a liberar $ 1.008 millones. «Este mes la cosa empezó peor; esto es perjudicial para todos», comentó otro de los presentes en el encuentro.

• Modificación

Lavagna fue acompañado por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y por su segundo, Leonardo Madcur. En cambio, no estuvo en la reunión el secretario Legal y Técnico de Economía, Eduardo Pérez, pese a que un punto central era la modificación de un decreto.

Los banqueros quieren reservarse el derecho a iniciar causas legales contra el Estado nacional por tres temas centrales:

• Pesificación asimétrica: el Ministerio de Economía ya comprometió la entrega de bonos por la transformación de depósitos a $ 1,40 por dólar, mientras que los créditos fueron pesificados uno a uno. Esto generó un quebranto en el balance de los bancos superior a los $ 15.000 millones, que el Estado deberá pagar.

• Eliminación del CER en los créditos: la cartera de préstamos hipotecarios, prendarios y personales no ajustará por inflación. Sin embargo, los bancos sí deben reconocer a los depositantes el ajuste por inflación por los depósitos. Las entidades ya solicitaron una compensación del Estado, pero la respuesta fue negativa.

• Pagos de amparo según el dólar libre: los ahorristas que ganan amparos se llevan su depósito según el nivel de tipo de cambio libre. Por ejemplo, un depósito original de 10.000 dólares pasó a ser de $ 14.000 en los bancos. Pero los amparos favorables obligan a pagarlo por 35.000 pesos. Los bancos también sostienen que deben recibir compensación.

Sin embargo, el decreto establece que los bancos deben dejar de lado cualquier posibilidad de litigio por la sola participación en el canje.

«Nuestras casas matrices y departamentos legales no aceptan desde ningún punto de vista que resignemos la posibilidad de iniciar demandas legales. Simplemente, no estamos autorizados», expresó uno de los representantes de la banca extranjera presentes en el encuentro.

La cuestión incluso plantea diferencias entre los bancos extranjeros y los nacionales, que en realidad no oponen tantos reparos legales, aunque también manifestaron su desacuerdo por la normativa.

El decreto establece que los bancos deberán solicitar redescuentos al Central para adquirir los bonos que luego serán transferidos a sus clientes. Para recibir los fondos, deben entregar títulos públicos como garantía o, directamente, cartera propia.

Lo que dispuso el decreto que establece el canje voluntario de depósitos por bonos es que, para recibir ese adelanto del Central, los bancos deben abstenerse de futuras presentaciones legales por todos los decretos ligados al «corralito».

La única forma que tendrían los bancos de zafar de esta disposición es comprar en efectivo los BODEN. Obviamente, ninguna entidad está dispuesta a utilizar su fondeo propio para dicha operación.