Fuerte pelea en gobierno por temida Ley de Abastecimiento

A pocas horas de asumir el nuevo equipo económico, se desató una fuerte pelea por el intento de aplicación de la polémica Ley de Abastecimiento. El secretario de Comercio, Pablo Challú, impulsó sorpresivamente la aplicación a través de un decreto de necesidad y urgencia como mecanismo para frenar la suba de precios. La noticia generó temor entre productores y distribuidores y obligó ayer al Ministerio de Economía a descartar de plano su utilización. Inclusive, se hablaba anoche de que el traspié de Challú lo dejó tan mal parado ante el ministro Roberto Lavagna, que podría costarle el cargo.

Los peores temores se confirman: la Secretaría de Comercio remitió al Ejecutivo una propuesta de decreto de necesidad y urgencia para volver a poner en vigencia la temida Ley de Abastecimiento, un instrumento asociado con las épocas más negras del dirigismo estatista y los controles de precios.

Sin embargo, anoche a última hora fuentes del ministerio de Economía negaron de plano que se piense en aplicar la cuestionadísima norma, lo que dejaría muy mal parado a Pablo Challú (podría ser desplazado del cargo) frente al nuevo habitante del Palacio de Hacienda.

«No está en nuestros planes aplicar esa ley ni es parte de nuestra filosofía instrumentar controles de precios» , dijo un hombre cercano a Roberto Lavagna.

• Penas de prisión

La noticia había causado una mezcla de pánico y preocupación entre los productores y distribuidores de bienes de consumo, que podrían verse afectados no sólo por esta medida sino también por una modificación al artículo 300 del Código Penal, propuesta por un grupo de senadores. En esa norma, podría aplicarse prisión de dos a seis años a quienes hicieran subir los precios del mercado a través de la difusión de rumores o noticias falsas, cuando estas alzas «se relacionen con alimentos, combustibles o medicamentos», pero es que el gobierno lo extienda a todos los sectores.

Rápidamente, fuentes del organismo que capitanea Pablo Challú indicaron que el proyecto «no apunta a los productores de alimentos, sino a los sectores de combustibles y medicamentos», porque -según las mismas fuentes- «hemos recibido muchísimas denuncias en la secretaría de falta de gasoil y de determinadas medicinas».

Está claro, sin embargo, que desde las oficinas de Challú se habría buscado dar un golpe de efecto el mismo día en que trascendió que el índice de precios al consumidor (IPC) de abril superaría los dos dígitos.

La semana pasada, ante una consulta de Comercio, la Procuración General de la Nación había dictaminado que la vieja Ley de Abastecimiento ya no estaba en vigencia, por haber sido derogada en tiempos de Domingo Cavallo (cuando Carlos Menem era el presidente). De ahí el envío a Eduardo Duhalde, para lograr rehabilitarla mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La «Secretaría de la Desregulación, la Competencia y la Defensa del Consumidor» (nombre que conserva Comercio, impuesto por Carlos Winograd, antecesor de Challú) estaría entonces negando su propio título, ya que los controles de precios de ningún modo contribuyen a la desregulación y mucho menos a la competencia. El organismo anunció también que «se darán a conocer precios indicativos de los productos para orientar al consumidor en sus compras». Para ello emitirán resoluciones referidas a los precios de referencia o indicativos, que «permitirán que el consumidor tenga una idea concreta de a qué precios debe atenerse antes de adquirir una mercadería o servicio», se esperanzó la fuente.

Desde hace casi dos meses Comercio está intentado -hasta ahora sin éxito- dos estrategias para tratar de tapar el cielo con un harnero: la conformación de una «canasta básica» en la que supermercados y proveedores deberían ponerse de acuerdo, para vender un set de productos a precios bajos. La otra es lograr que las grandes cadenas de comercialización informen de manera semanal los precios a los que venden centenares de productos, para a su vez publicar los listados correspondientes. Seguramente a esto último se refiere la intención de que «el consumidor tenga una idea concreta de los precios antes de comprar» a la que se refiere el informante de Comercio. Pero lo cierto es que, por diversas razones y otras urgencias, al menos hasta la fecha los supermercados no informan sus listas de precios».